Esta serie nace de una incomodidad profundamente ciudadana. De una sensación que hoy mucha gente tiene, aunque no siempre logre explicarla con claridad: la de que, en Colombia, casi todo terminó convertido en un cobro permanente. La luz, el agua, el aseo, el peaje, el alumbrado público, la tecnomecánica, las fotomultas, los recaudos. No es un servicio aislado. Es una lógica que, poco a poco, terminó atravesando buena parte de la vida cotidiana.
Y esa no es una discusión abstracta ni lejana. Se siente todos los días, especialmente en un país como Colombia, uno de los más desiguales del mundo[1], donde cerca del 82 % de la población pertenece a los estratos 1, 2 y 3. Es decir, la mayoría del país no vive desde la tranquilidad económica, sino desde el esfuerzo constante por sostener lo básico. Por eso esta serie no nace de una discusión técnica sobre contratos o modelos administrativos. Nace más bien de una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando una sociedad profundamente desigual empieza a organizar buena parte de su vida alrededor de cobros permanentes?
Durante años se nos dijo que las concesiones eran necesarias. Y probablemente, en muchos casos, sí lo fueron. A comienzos de los años noventa, el Estado colombiano no tenía cómo responder a muchas necesidades básicas. Faltaban recursos, capacidad operativa e infraestructura. El servicio de aseo era precario en muchas ciudades; la energía fallaba y muchos municipios simplemente no estaban en capacidad de asumir inversiones grandes. En ese contexto, permitir la participación privada no fue un capricho. Fue una salida frente a una limitación real. La Constitución de 1991 y la Ley 142 de 1994 cambiaron la lógica del modelo: el servicio seguía siendo público, pero podía ser operado por privados bajo regulación estatal.
Y durante un tiempo eso funcionó. Se organizaron servicios, se ampliaron coberturas y se hicieron inversiones que muchos municipios no podían asumir solos. Negar eso sería tan superficial como negarse hoy a discutir las consecuencias del modelo. Pero tal vez ahí es donde realmente empieza el problema. No tanto en el origen del modelo, sino en lo que terminó ocurriendo después.
Lo que nació como una solución puntual empezó poco a poco a expandirse hasta convertirse en una estructura permanente. Y casi sin darnos cuenta, terminó llegando a todo: energía, aseo, gas, peajes, aeropuertos, alumbrado público, sistemas de recaudo, fotomultas, grúas, patios, tecnomecánica, amoblamiento urbano. No todo bajo la misma figura ni con las mismas condiciones, claro está. Pero sí bajo una lógica que empezó a repetirse una y otra vez: el Estado define, el privado ejecuta y el ciudadano paga. Y paga siempre.
Ahí es donde la percepción ciudadana comienza a cambiar. Porque el problema no es pagar por un servicio. Ninguna sociedad funciona así. La incomodidad aparece cuando el ciudadano siente que esos cobros casi nunca se revisan desde su realidad económica concreta. Porque Colombia no se convirtió, de repente, en una sociedad rica y próspera. La desigualdad siguió ahí. Los ingresos limitados siguieron ahí. Pero mientras eso ocurría, también crecían las tarifas, los peajes, los recaudos y las estructuras de cobro asociadas a servicios y actividades que cada vez más pasaban por operadores privados.
Y ahí la discusión deja de sentirse simplemente administrativa. Porque cuando un modelo económico y de gestión se expande sobre una sociedad profundamente desigual, inevitablemente aparece una pregunta incómoda: ¿quién termina soportando realmente el peso del sistema? La respuesta, guste o no, parece bastante evidente.
Lo soporta el ciudadano común. El que paga energía, agua, aseo y gas con ingresos limitados. El que cruza peajes permanentemente. El que siente que una multa puede desestabilizarle el mes. El que muchas veces no entiende por qué ciertos cobros se mantienen indefinidamente mientras las condiciones que los justificaron hace décadas parecen haber cambiado. No necesariamente la sensación de un sistema ilegal. Pero sí la sensación de un modelo que dejó de preguntarse si seguía siendo justo.
Y aquí vale la pena decir algo importante: no todas las concesiones son iguales. Hay servicios que probablemente no habrían podido desarrollarse en ese momento sin participación privada. Precisamente por eso la discusión no puede reducirse a consignas fáciles. El problema aparece cuando el modelo deja de revisarse críticamente y empieza a funcionar casi como una lógica automática de expansión.
Porque una sociedad puede aceptar pagar por servicios. Lo que difícilmente acepta es sentir que todo termina convertido en un cobro constante mientras la mayoría sigue viviendo con enormes dificultades económicas. Y ahí empieza a erosionarse algo más importante que una tarifa o un contrato: la confianza.
La confianza en que el modelo sigue funcionando desde el interés general y no desde la necesidad de mantener estructuras que terminaron adquiriendo vida propia. Porque cuando el ciudadano siente que todo sube, que todo se mantiene y que casi nada se revisa desde su realidad concreta, aparece inevitablemente una sensación de desequilibrio. Por eso esta discusión no puede seguir tratándose únicamente como un asunto técnico o administrativo. Lo que está en juego no es solo cómo se prestan ciertos servicios. Lo que está en juego es la relación entre el Estado, el ciudadano y la manera en que se organiza la vida colectiva.
Y ahí es donde esta serie quiere detenerse. No para negar que muchas concesiones hayan sido necesarias. Probablemente lo fueron. Pero precisamente porque lo fueron, el país debería tener hoy la capacidad de preguntarse con seriedad si las condiciones que las justificaron siguen existiendo en los mismos términos.
Porque lo verdaderamente problemático no es que el Estado haya concesionado. Es que haya dejado de preguntarse, a tiempo, para quién y hasta cuándo.
En la próxima entrega, la discusión se moverá hacia otra pregunta que hoy empieza a incomodar a millones de ciudadanos: ¿en qué momento buena parte de la vida cotidiana terminó organizada alrededor de estructuras permanentes de cobro?
[1] Según datos recientes del Banco Mundial sobre coeficiente de Gini, Colombia figura entre los países con mayor desigualdad por ingresos del mundo.
