En Colombia, la corrupción brota como burbujas, indiferente de quién gobierne o administre instituciones y ejerza poderes públicos. Pero son ínfimas las sanciones que se aplican frente a la cantidad de hechos aberrantes en que incurren diariamente los tres pilares o ramas del poder público, instituidas en la Constitución Nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; sumándole Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, amangualadas en complicidad para absolver, archivar o echar tierra a hechos de corrupción que se causan desde el centralismo hasta las localidades municipales, muchos pasando desapercibidos por las autoridades competentes, negligentes, que desvían o dilatan, por sobornos, los trámites de investigación relacionados con denuncias y quejas de graves hechos relevantes que terminan en impunidad o archivo, por motivos de ineficiencia y favorecimiento comprado, degenerando las funciones públicas, manchando la ética y pulcritud del servidor público.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en una disertación pública, pregunta: “¿Quién puede salvar a un poder corrupto?” Respondiendo: “El pueblo”, aludiendo que México será el primer país en el mundo que elegirá a los miembros de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por elección popular. Así debe ser. No hay razón que justifique lo contrario, aun cuando las élites de Cortes y Consejo rechacen las propuestas para mantener el monopolio de las decisiones judiciales, implementando dictadura para amparar la corrupción de sectores privilegiados en carteles de togas, que les generan beneficios económicos y emolumentos adicionales.
Han sido muy pocos los servidores públicos responsables de hechos ilícitos e irregulares que tuvieron la suerte de ser sancionados o condenados. El 70% o más de los congresistas están implicados en diferentes formas de corrupción, pero nada que los tocan, o si los tocan, llueven tráficos de influencias que interceden, negocian y consiguen resultados airosos, favoreciendo a corruptos… y todo por la plata.
En La Guajira se destapó un entramado de corrupción con las compras de 80 carrotanques que entraron al territorio con bullaranga de corneta, haciendo júbilo a la supuesta solución del servicio del agua para solventar las necesidades de los wayuu, que carecen del preciado líquido, originando muchas muertes de niños por desnutrición e infecciones gástricas debido al mal estado del agua que consumen.
Escandaliza la captura de dos expresidentes del Congreso: uno de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, y otro del Senado, Iván Name, por haber recibido el representante cordobés del Partido Liberal mil millones, entregados personalmente por Sneyder Pinilla, subdirector de la UNGRD, en su apartamento en Montería, y tres mil millones para el barranquillero Iván Name, a través de una intermediaria que ejercía en este gobierno de Gustavo Petro en calidad de Consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, cumpliendo directrices del director general Olmedo López, quien ordenó la entrega del billete, originado de una contratación de los carrotanques destinados para La Guajira, por recomendaciones de ministros del actual gobierno; que a lo mejor también lo capturen en una larga cadena de implicados por corrupción que se mantiene estándar, sin poderla ocultar. Hay que desenredar los tejidos de la madeja de corrupción.
Si la Fiscalía se dedicara a investigar las contrataciones de por lo menos los últimos 10 años en la UNGRD, revisando y confrontando los objetos contratados, las cuantías de costos sufragados y los resultados arrojados, se darían cuenta de cómo han saqueado los parlamentarios una Unidad destinada a atender y socorrer emergencias e inclemencias humanitarias por causas sísmicas o fenómenos naturales. De no hacerlo la Fiscalía, con facultades amplias para asumir un barrido detallado de los múltiples contratos adjudicados, estaría incurriendo en encubrimiento. El problema no se resuelve con las detenciones de Name y Calle. Estos son apenas epéntesis de cientos de parlamentarios o exparlamentarios implicados en corrupción contractual, para sentar precedente ejemplar en justicia.
Anualmente se destina para compra de mayorías parlamentarias de Cámara y Senado más de un billón de pesos en contratos y cupos de asignación, con la finalidad de que se garanticen aprobaciones de leyes y proyectos de Actos Legislativos, condicionados al engrase del gobernante de turno, para halagar bancadas y ruedas sueltas. Práctica inmoral predominante en el Congreso, no obstante devengar los congresistas un buen sueldo, pero a la vez se enriquecen ilícitamente con los acondicionamientos y extorsiones dirigidas al gobierno para obligarlo a que suelte recursos económicos de beneficios personales que les sirvan para crecerse en el ámbito político, con disposiciones para la compraventa de electores y funcionarios de Registraduría, para atornillarse en el poder valiéndose de los mercaderes de votos que tienen prostituida la democracia.
Enganchar a unos pecadores y encubrir a otros responsables y beneficiarios no es de gracia en la administración de justicia. Es impunidad, que de nada sirve para erradicar los problemas de corrupción que cada día generan gravísimas consecuencias, avaladas por la complacencia de quienes gobiernan, aprovechando ignorancia y pasividad popular, sometida o indiferente. ¿Cómo podemos calificarnos, en condición de electores, víctimas o cómplices de lo que políticamente está ocurriendo en administraciones públicas, si callamos, nos desinteresamos y seguimos vendiendo el alma al diablo para que se apropien de lo nuestro? Las transparencias se opacaron en politiquería, sin diferenciar tendencias implicadas, de derecha o izquierda, que han tenido oportunidad de gobernar.
El presidente Gustavo Petro debe pronunciarse asumiendo responsabilidad directa o indirecta por hechos de corrupción en una institución pública nacional durante el presente gobierno, brindando total apoyo a la autoridad competente para contribuir al esclarecimiento y vincular, sin excepción alguna, a todos aquellos comprometidos con hechos delictivos. Callar, eludir o esquivar responsabilidad no sirve de nada, contradiciendo promesas de cambio en campaña para mejorar nuestra democracia. “Al que le caiga el guante, que se lo aguante”. Con castigos se escarmienta y se aprende, sin interpretarse o suponerse como “golpes blandos” para generar dudas y confusiones con alteraciones populares de orden público.
