En 1989, Panamá, un pequeño país centroamericano, estaba bajo el férreo control de Manuel Antonio Noriega. Ascendido por él mismo al rango de general y gobernante de facto desde 1983, Noriega nunca fue elegido democráticamente. Ese año, desconoció la victoria electoral de Guillermo Endara y anuló las elecciones presidenciales.
Aliado de la CIA y del gobierno estadounidense, Manuel Noriega fue acusado de narcotráfico y se convirtió en enemigo de Estados Unidos. En respuesta, el presidente George H. W. Bush autorizó la invasión de Panamá por parte de los marines. Tras varios días refugiado en la Nunciatura Apostólica, Noriega fue capturado, conducido a Estados Unidos y condenado. Posteriormente, en 2010, fue extraditado a Francia por lavado de activos y finalmente regresó a Panamá en 2011, donde falleció en 2017 a causa de un tumor cerebral. Washington justificó la invasión como una “acción por la democracia”, si bien dejó tras de sí cientos de muertos, barrios devastados en la capital y una profunda cicatriz.
Hoy Panamá es una democracia sólida, país soberano y modelo de desarrollo económico ante el mundo.
En 2025, Venezuela, que fuera una potencia petrolera y símbolo de prosperidad, se encuentra bajo la atenta mirada de Washington. El gobierno de Nicolás Maduro, considerado ilegítimo tras unas elecciones de 2024 que la oposición denuncia como fraudulentas, enfrenta acusaciones de narcotráfico. Maduro, junto con Vladimir Padrino (ministro de Defensa) y Diosdado Cabello (ministro del Interior), son señalados como líderes del “Cartel de los Soles”. Esta supuesta organización narcotraficante es el objetivo de una orden militar del gobierno de Trump, quien ha desplegado una considerable fuerza anfibia (compuesta por un portaaviones, un avión espía, buques destructores, un submarino y 4.000 marines) en la región, alimentando rumores de una intervención militar.
La historia, al parecer, se repite, aunque con nuevos protagonistas. Venezuela, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, enfrenta una crisis económica, social y política de magnitud sin precedentes, exacerbada por un éxodo migratorio que impacta a toda la región. Estados Unidos, que ha impuesto sanciones al país, ha expresado su interés en “promover una transición democrática”. Sin embargo, analistas sugieren que, tras esta retórica diplomática, podría ocultarse la posibilidad de una intervención militar. Surge entonces la pregunta: ¿estaría Estados Unidos dispuesto a invadir Venezuela para derrocar un régimen considerado responsable de la devastación del país?
Venezuela enfrenta hoy una crisis que recuerda peligrosamente a la de Panamá en 1989. Un gobierno de facto, acusado de graves abusos contra los derechos humanos y vínculos con el narcotráfico, mantiene a la población bajo un férreo control. Atrapados entre la pobreza extrema y la represión sistemática, los venezolanos sufren las consecuencias de un régimen ilegítimo. En este contexto, una potencia extranjera (EE. UU.) analiza sus opciones, argumentando la necesidad de defender la libertad y la democracia.
La Doctrina de Seguridad Nacional en Estados Unidos es un marco conceptual que define la manera en que el país busca salvaguardar sus intereses y la estabilidad de sus aliados, priorizando la influencia militar y política a nivel global. Históricamente, esta doctrina ha servido como justificación para intervenciones militares estadounidenses en el extranjero. La invasión de Panamá, por ejemplo, se argumentó como una medida de control estratégico para asegurar el acceso y la influencia en el Canal de Panamá. De manera similar, se ha sugerido que una posible intervención en Venezuela podría responder a la necesidad de contrarrestar la creciente alianza de ese país con actores internacionales considerados adversarios de Estados Unidos, como China, Rusia e Irán.
El narcotráfico representa un desafío global y una seria amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Este país se ve afectado por el ingreso de drogas a través de su frontera, principalmente provenientes de carteles mexicanos, colombianos y, más recientemente, del “Cartel de los Soles”. Para mitigar este problema, Estados Unidos considera crucial interrumpir este flujo. Una estrategia considerada es el establecimiento de un bloqueo militar en el Caribe para interceptar las rutas marítimas y aéreas utilizadas para el tráfico de drogas. Esta medida, además, podría afectar a las FARC y al ELN, organizaciones consideradas socias de los carteles y también identificadas como grupos narcotraficantes, convirtiéndose en objetivos dentro de la lucha contra las drogas declarada por Estados Unidos.
Sin embargo, los intereses de Estados Unidos en Venezuela también se ven influenciados por otros factores clave, como el sector petrolero y la tecnología militar. La importancia del petróleo venezolano para Estados Unidos es innegable, dado que Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo a nivel mundial y alberga operaciones de la petrolera estadounidense Chevron. En el ámbito militar, la presencia creciente de Irán en Venezuela representa una preocupación para Estados Unidos. Se alega que Irán extrae uranio enriquecido del país sudamericano para su programa nuclear, y que ha establecido una fábrica de drones militares, así como instalaciones y equipos de inteligencia y espionaje. Estas actividades se perciben como una amenaza potencial para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Además de la problemática migratoria venezolana en Estados Unidos, la presencia de la organización criminal transnacional “Tren de Aragua” y la influencia desestabilizadora del régimen venezolano en la región, Washington considera estos factores como condiciones para destituir a Maduro y su círculo cercano. Esta acción, según Washington, aliviaría las tensiones políticas en América, originadas por un narcorégimen que socava la democracia.
En ocasiones, la defensa de la democracia frente a regímenes autoritarios exige más que la simple diplomacia; la aplicación de la fuerza, como último recurso para restablecer el orden, puede ser inevitable. La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), si bien ostentan un papel importante, han demostrado ser insuficientes para transformar la compleja situación política y social en Venezuela. Ante el fracaso de las vías diplomáticas, algunos consideran que la intervención coercitiva se presenta como la única alternativa viable frente a un gobierno percibido como ilegítimo.
La historia nos ofrece lecciones sobre el devenir de líderes autoritarios. Es previsible que Nicolás Maduro y su círculo cercano rindan cuentas por las acciones que han perjudicado a la población venezolana. La presión internacional es creciente, y la posibilidad de una intervención externa se cierne sobre el gobierno actual. El conocimiento de la historia es crucial para evitar repetir errores del pasado. Cualquier similitud con eventos históricos previos es, quizás, más que una mera coincidencia.
