Quiérase o no, en Colombia se necesitan muchas reformas de variados aspectos, cuando se requiere modernizar, tecnificando, modificaciones y manejos estructurales ajustados a la contemporaneidad operativa, competitiva, cambiando el estilo institucional, en poderes públicos, autoridades de control, división territorial de regiones, actualizaciones de códigos y los distintos sistemas obsoletos que aún operan e imperan en régimen legal vigente.
Una Asamblea Nacional Constituyente es algo similar al Congreso, conformado por el Senado y Cámara de Representantes, cuyo objetivo único es reformar, modificar y adicionar la constitución vigente en término inferior a un año, sin tener que comprometer prebendas, burocracias, contratos, compensaciones económicas ni mermelada de retribución financiera, como actualmente viene ocurriendo en el Congreso para aprobaciones de los proyectos de Ley y Acto Legislativo, que requieren de ocho debates en diferentes periodos de vigencias.
El temor a la Constituyente consiste en el celo de las tendencias izquierdas y derechas, aun cuando ambas la quieren a gusto, sin interferencias que permitan aprobar intereses, potestad, dominios y abusos autoritarios en la implementación de normas constitucionales, a favor y conveniencias particulares que solo beneficien intereses individuales, gremiales, políticos y hasta familiares; que aprovechan la ocasión y disponibilidad económica para filtrar texto y “micos” en términos limitados y rentísticos hacia el futuro.
También sienten temor quienes gozan de privilegios, gabelas y exclusividad de manejos administrativos, judiciales, financieros, territoriales, políticos, penales, legislativos y disciplinarios, entre otros. Aun cuando son conscientes de los cambios que se requieren conforme a tecnologías actualizadas, prefieren resistir defendiendo operaciones contaminadas de corrupción, con atribuciones y facultades para ejercer acciones y maniobras fuera de lo normal, en provecho personal, persiguiendo ingresos extralegales e ilegales.
La Constituyente puede utilizarse con engaño y manipulaciones, dependiendo de los manejos politiqueros grupistas, despachándose de manera extrema contra la voluntad colectiva, como ha ocurrido en la vecina nación de Venezuela y demás dictaduras de otras naciones sometidas, con ausencia y prohibición de libertad disfrazadas de amparo democrático, aprobadas por tendencias de izquierda o derecha que se atornillan y perpetúan en mandatos y poderes de gobierno.
Si ambas tendencias de manera separada presentaran proyectos, cada una, las diferencias serían palpables en muchas contradicciones que se bloquearían entre sí. En la Asamblea, cualquiera de las normatividades para la aprobación no debe materializarse por mayoría simple, de mitad más uno, sino por las dos terceras partes de los miembros asambleístas que la conforman, la Asamblea Nacional Constituyente, para evitar las moñonas acostumbradas en aprobaciones a pupitrazo limpio de mayorías conformadas con objetivos de intereses selectivos negociados.
De lograrse la elección de distinguidas personas calificadas, consecuentes, con sentido de pertenencia, no contaminadas de corrupción, que proyecten y defiendan el derecho de igualdad e indiscriminación, sin diferenciar estratos sociales, prevaleciendo siempre el derecho general sobre los derechos particulares, desechando las prácticas de concesiones de servicios públicos, hoy día explotadas económicamente por particulares, sin ningún beneficio para la nación, en ejercicio de política neoliberal, que actualmente viene operando en el territorio nacional por distintos gobiernos desde hace 50 años; sobre los cuales se opondrían a la Constituyente, porque corren el riesgo de perder derechos exclusivos del que gozan y disfrutan en concesiones adjudicadas por presidentes de turno, en forma de negocios retributivos asociados en prácticas ilícitas, que deben ponérsele fin para que la nación reivindique las funciones de prestación de todos sus servicios concesionados, que deben finiquitarse una vez venzan los términos de duración estipulados en citados contratos.
Con una Constituyente, nos liberamos del rancio centralismo que nos atrofia, generando: abandono, desidia y miseria. Aprovechamos una Constituyente para darle nacimiento a Regiones Federales y sepultar el centralismo, soportado por dos siglos en la República. Para tal finalidad se requiere modificar regímenes legales, como sustituir la Cámara de Representantes por Cámara de Diputados en regiones federales. También ocurriría con despachos judiciales, regalías de explotación de recursos naturales, rentas anuales, delimitaciones fronterizas, transferencias financieras, transformando la policía en Guardia Nacional para operar conjuntamente con el Ejército en lugares específicos, rurales y urbanos, a órdenes del Gobierno Nacional, determinando competencia en los manejos de salud, educación, medio ambiente, policía regional, gobernantes locales y departamentales, etc.
Necesitamos reformas de múltiples códigos: civil, laboral, minero-energético, pensiones, servicios domiciliarios, comercio, procedimientos penales y otros tantos que requieren modificaciones y adiciones. También piden a gritos reformas: sistema carcelario, agrario, educación, salud, justicia, electoral, régimen de partidos políticos, tributario, administrativo, servicio civil y demás regímenes que cambien con las federalizaciones de territorios nacionales.
En Colombia no se necesita una constitución plegada a tendencias idealistas, impositiva en sistemas políticos, socialista, comunista, ni mucho menos neoliberal. Debe declararse muerte política a servidores públicos que causen daños y perjuicios a las instituciones y a personas naturales y jurídicas por acciones delictivas, omisivas, extralimitadas y de corrupción. También a quienes dejen obras contratadas no terminadas, abandonadas y se enriquezcan ilícitamente. En vez de aprobarse reelección de presidente, más bien debe extenderse el periodo a cinco años.
No es fácil llevar a cabo una Constituyente, no porque no sea necesaria, sino por intereses y condiciones protocolares que deben aprobarse en el Congreso, por quienes no quieren transformación ni cambios, oponiéndose a una Constituyente que se necesita con urgencia para mejorar las condiciones de vida. Prefieren seguir como vamos: descuadernados, desgranados, desgraciados, abandonados, frustrados, desanimados, recriminados, despatriados, expuestos en inseguridad, hastiados de corrupción y violencia. Las aprobaciones de leyes y Actos Legislativos en el Congreso son costosas, mañosas, extorsivas y morosas por parlamentarios que conforman agrupadas mayorías de coaliciones interpartidistas para tranzar económicamente costos de aprobación por proyectos que se radiquen.
