Estamos atravezando un momento crítico en materia económica. La renuncia del ministro de Hacienda, Diego Guevara, en medio de una severa crisis fiscal, el aplazamiento del presupuesto nacional y la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular para salvar sus reformas han generado un ambiente de incertidumbre en el país.
La dimisión de Guevara ha sido interpretada como una señal del complejo panorama fiscal que enfrentamos. Su salida ha suscitado fuertes reacciones en el ámbito político y económico, especialmente entre la oposición y el sector empresarial, que lo consideraban una figura clave para la administración de la crisis.
En este contexto, los medios han anunciado que el nuevo ministro será Germán Ávila Plazas. Sin embargo, su nombramiento no disipa las dudas sobre el futuro económico del país. El creciente déficit ha llevado al Gobierno a tomar medidas drásticas, como el aplazamiento del presupuesto y recortes en diversas áreas. La incertidumbre sobre las finanzas públicas persiste mientras el Ejecutivo intenta sostener su programa de reformas sociales y económicas.
Para destrabar la reforma laboral y de salud, que han encontrado obstáculos en su trámite legislativo dentro de la Comisión Séptima del Senado, el presidente Petro ha propuesto una consulta popular para que los ciudadanos decidan el futuro de estos proyectos insignia de su gobierno. Según el mandatario, esta comisión ha bloqueado sus reformas y es el pueblo quien debe decidir directamente sobre ellas. Aquí surge una pregunta clave: ¿la consulta popular es una estrategia viable o un gasto innecesario?
Es importante recordar que la reforma laboral no obtuvo el respaldo necesario en la Comisión Séptima del Senado, y la decisión sobre la consulta popular recae ahora en la plenaria del Senado, que deberá aprobar su convocatoria. Esto introduce otro nivel de incertidumbre: ¿logrará el Gobierno obtener la aprobación en el Senado o se enfrentará a un nuevo revés?
El proceso de una consulta popular es complejo y costoso. Expertos estiman que su organización podría superar los 400.000 millones de pesos, una cifra que, en el actual contexto fiscal, ha despertado críticas. Además, para que la consulta sea válida, debe contar con la participación de al menos 13,6 millones de votantes, una meta difícil de alcanzar si se considera que la última consulta popular de gran magnitud, la consulta anticorrupción de 2018, no logró el umbral de votos requerido a pesar de su amplio respaldo ciudadano.
Mientras tanto, el Gobierno enfrenta el reto de conseguir apoyo en el Senado para aprobar la consulta y, de lograrlo, movilizar a millones de colombianos para que acudan a las urnas. En un país donde el abstencionismo electoral es alto y la confianza en las instituciones está en crisis, este objetivo será una tarea titánica.
Colombia está en una encrucijada. La crisis fiscal, la llegada del cuarto ministro de Hacienda en el actual gobierno y la apuesta por una consulta popular marcarán el rumbo político y económico del país en los próximos meses. La gran incógnita es si el Gobierno logrará convencer a los ciudadanos de que este es el camino correcto o si, por el contrario, esta estrategia profundizará la incertidumbre y la crisis que ya enfrenta la nación.
