En el constitucionalismo moderno, el poder político representa el peso, mientras que el control institucional constituye el contrapeso; es decir, el control del poder por el poder mismo. Es la materialización de lo que Montesquieu concibió como la esencia de la democracia: un sistema de frenos y contrapesos donde la autoridad del gobernante nunca desborde sus límites, al encontrarse siempre bajo la vigilancia de otro poder.
De allí emana una premisa simple pero fundamental: el poder debe frenar al poder. Solo así se evita la concentración excesiva de autoridad y se garantizan las libertades ciudadanas.
En Colombia, la función de controlar los actos del Gobierno corresponde, por mandato constitucional, al Congreso de la República. Este mandato se ejerce mediante debates de control político y, de ser necesario, a través de la moción de censura para separar a funcionarios de su cargo. Asimismo, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara tiene la misión de investigar al presidente por delitos o faltas disciplinarias cometidas en el ejercicio de sus funciones.
Bajo este diseño, el presidente no es una “rueda suelta”. Si vulnera la Constitución o la ley, debe ser procesado por el órgano político por excelencia. Sin embargo, al acercarse el ocaso del llamado “Gobierno del Cambio”, el balance es desolador: en medio de innumerables escándalos, no prosperó una sola moción de censura ni avanzó una investigación seria contra el primer mandatario, pese a las graves denuncias en su contra.
La Comisión de Investigación y Acusación —irónicamente apodada “Comisión de Absoluciones”— claudicó en su misión. Guardó silencio ante hechos de extrema gravedad, como los cuestionamientos sobre la financiación ilegal de la campaña y las revelaciones del propio hijo del presidente, Nicolás Petro. Aunque el Consejo de Estado anuló varios decretos gubernamentales por contrariar el orden jurídico, probando que los excesos existieron, el control político permaneció mudo.
Ya no habrá sanciones. No existió una oposición real que contuviera los abusos de un mandatario al que, en la práctica, se le toleró todo. Esta ausencia de contrapesos terminó otorgándole una “licencia para hacer y deshacer”, erosionando pilares como la independencia de poderes. El problema no es la inexistencia del control, sino la renuncia de quienes debían ejercerlo.
El diseño constitucional es eficaz, pero no funciona por sí solo; requiere independencia y sentido del deber. Lamentablemente, el Congreso suele actuar cooptado por el Ejecutivo. La “mermelada” —ese reparto de cuotas y favores— compra silencios y compromete la imparcialidad. Quien depende del poder que debe vigilar, difícilmente podrá controlarlo.
A este panorama se suma la interrogante sobre el papel de la Procuraduría. Si bien no ejerce control político, está obligada a promover acciones disciplinarias ante conductas ilegales. ¿Dónde está el procurador frente a declaraciones como las de la exsecretaria del DAPRE, Angie Rodríguez, quien afirmó que en la Casa de Nariño opera un “concierto para delinquir” con más de 20 personas identificadas?
Hoy, sin pudor alguno, quienes callaron ante los excesos sugieren que es mejor dejar que el presidente termine su mandato porque “ya se va”. Son los mismos que ahora anuncian su respaldo al heredero político del proyecto petrista, Iván Cepeda, y que ven con buenos ojos propuestas orientadas a eliminar al Consejo de Estado o al Consejo Nacional Electoral. Debilitar a los jueces y capturar a los árbitros electorales no es una reforma institucional: es una estrategia de permanencia en el poder.
Ese peligro parece no ser advertido por los dirigentes de los partidos políticos históricos. Viendo la amenaza que se cierne sobre la democracia, ellos serán los responsables de la pérdida del país si Cepeda llegara a ganar. Resulta incomprensible que, en la coyuntura actual, en lugar de exigir disciplina a sus congresistas y buscar la unión en torno a un nombre que no amenace el sistema, prefieran dejar libres a sus militantes. Con esa permisividad le hacen el juego a Cepeda para que alcance la presidencia y acabe con la democracia imponiéndonos el comunismo.
Por fortuna, aún queda un dique de contención para sostener la democracia: la Corte Constitucional. El día en que el Gobierno logre cooptar ese tribunal, la democracia colombiana empezará a desaparecer. Cuando el Congreso renuncia a su labor, la Procuraduría calla y la justicia es vista como un estorbo, la democracia no muere por un golpe fulminante, sino por la costumbre del abuso. Ese es el verdadero peligro.
