El material probatorio aportado por una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción, permitió que dos jueces de conocimiento de Maicao (La Guajira) condenaran por preacuerdo a tres particulares comprometidos en actos de corrupción que afectaron las finanzas públicas de La Guajira.
Se trata de Liliana Rocío Lambiase Castillo, representante legal de una entidad interventora encargada de la construcción de 400 viviendas de interés social en el municipio de Albania (La Guajira).
La Fiscalía demostró que la mujer avaló el pago de la totalidad de las obras a pesar de no haber sido concluidas. Estas acciones generaron un detrimento patrimonial para las finanzas departamentales de $880.000.000.
El juez de conocimiento condenó a Lambiase Castillo a una pena a 34 meses de prisión e inhabilidad para ejercicio de derechos y funciones públicas de 42 meses, como responsable del delito de falsedad ideológica en documento público.
En otra decisión fueron condenados a 7 años y 4 meses de prisión los conductores Jhan Carlos Serna Puerta y Wisman Bolaño Montejo, encontrados responsables del delito de peculado por apropiación en favor de terceros. Además, deberán cancelar una multa de $13.390.000.
El material de prueba aportado por la Fiscalía demostró que Serna Puerta y Bolaño Montejo prestaron sus nombres para recibir millonarias sumas de dinero que luego entregaron a la campaña política que llevó a la gobernación de La Guajira a una influyente mujer.
La Fiscalía demostró que a Serna Puerta le fueron endosado 58 cheques por $11.322.000.000; mientras que a Bolaño Montejo 3 cheques por $585.000.000.
Dichas sumas correspondían a un contrato interadministrativo suscrito en 2011 entre la alcaldía de Albania (La Guajira) y el Hospital San Rafael. El valor de este alcanzó los $18.900.000.000 y su objeto era eliminar la mortalidad infantil en niños de cero a cinco años y de madres gestantes en dicho municipio. En este caso el detrimento fue de $6.900.000.000.
La Fiscalía avanza en las investigaciones para obtener condenas contra personas que participaron de un entramado de corrupción que, a través de contratos, habría financiado la campaña política que llevó a la gobernación de La Guajira a una reconocida mujer de ese departamento.
