“Debes luchar por el Derecho, pero si en algún momento existe conflicto entre el Derecho y la Justicia, tienes que velar por la Justicia.”
— Eduardo Juan Couture
Esta frase hoy me pega con mucha fuerza. No solo como abogada, sino como #Mujer, como política, como wayuu y como guajira. Y quiero precisar con total claridad: que no milito en el mismo partido que la senadora Martha Peralta Epieyú, nunca he hecho parte de sus campañas, ni tengo acuerdos políticos o electorales con ella. Vengo de una trayectoria completamente distinta, incluso desde orillas ideológicas diferentes, pues todos los que me conocen saben que milito en el partido conservador desde hace 23 años.
Hoy no me mueven los vínculos políticos porque no existen, me mueve la SORORIDAD o SOLIDARIDAD DE GÉNERO y mis convicciones ideológicas, porque siempre he defendido el derecho de la mujer a participar en los espacios de poder político con garantías.
Lo hago porque como abogada creo en el debido proceso, en la presunción de inocencia, y en la justicia como valor supremo, especialmente cuando se trata de MUJERES que enfrentan ataques mediáticos antes que un juicio formal, porque lo he vivido en carne propia y se lo que duele, asusta y abruma encontrarse bajo el juicio moral de quienes opinan sin pruebas y sin conocer las realidades detrás de los titulares.
Y también lo hago desde el lugar de una mujer política que sabe cuánto cuesta llegar a esos espacios de representación. Lo difícil que es ser madre, indígena, lideresa, y estar en el centro del debate público. Y lo desproporcionado que es el castigo cuando somos nosotras —y no ellos— las señaladas.
Martha y yo no compartimos partido, pero sí compartimos algo más importante: la convicción de que las mujeres tenemos derecho a ocupar lugares de poder sin ser reducidas a sospecha o a escarnio.
Por eso hoy me solidarizo con ella. Desde mi autonomía. Desde mi criterio. Desde la certeza de que la política no puede seguir siendo el lugar donde se condena antes de escuchar.
Hoy reafirmo mi compromiso con el Derecho, pero aún más con la Justicia, y más allá de los resultados jurídicos de este proceso judicial, lo más importante es el derecho a la legítima defensa, al respeto por la integridad personal, y a que no se nos juzgue moralmente a todas las mujeres con tanta severidad.
Este juicio público que hoy hacen medios de comunicación y contradictores políticos, en apariencia justo por las acusaciones, en realidad alimenta un imaginario de sospecha hacia las mujeres y los pueblos indígenas en la política, como si estuvieran llamados a una moral superior, y al no cumplirla, quedaran deslegitimados.
La exigencia ética a las mujeres y a los indígenas en política no puede ser más alta que la que se exige a los hombres blancos criollos del centro del país o de cualquier parte del mundo. De lo contrario, caemos en una forma de exclusión sofisticada, donde solo podemos ser aceptadas si no fallamos nunca.
Esto termina siendo profundamente machista y colonial: el patriarcado y el racismo estructural se alimentan también de estas narrativas que aparentan “justicia crítica”.
La lucha contra la corrupción es un imperativo ético y jurídico, pero debe hacerse con pruebas, no con pasquines. Y mucho menos con discursos que, bajo la excusa de la indignación, terminan minando la credibilidad de los sectores que históricamente han sido marginados.
Por eso hoy, desde el lugar donde habita mi palabra y mi conciencia, hago un llamado a las mujeres guajiras, a mis hermanas wayuu y a toda la sociedad de nuestro departamento: no permitamos que el juicio sin pruebas se convierta en herramienta de exterminio simbólico. No alimentemos con nuestro silencio ni con nuestra sed de escándalo esas estructuras que siempre han querido vernos frágiles, divididas o calladas. Que esta coyuntura, más allá de nombres propios, nos despierte como comunidad. Que defendamos el derecho a la verdad, sí, pero también el derecho a la dignidad. Que nos veamos en el rostro de la otra, incluso si no pensamos igual, incluso si venimos de caminos distintos. Porque el día que logremos eso, ese día también estaremos luchando por una Guajira más justa, más decente, más humana.
Que sea la justicia —con sus tiempos, sus pruebas y sus garantías— la que determine la verdad, y no una ciudadanía precipitada que sentencia desde la desinformación, el prejuicio o la emoción amplificada por los titulares. Porque cuando el juicio lo dicta la opinión pública y no un juez imparcial, lo que muere no es solo la presunción de inocencia, sino también la posibilidad de una democracia verdaderamente justa.
