Cuando estamos a menos de un año para llevar a cabo elecciones a Congreso, conformado por el Senado, por jurisdicción nacional, y la Cámara de Representantes, del orden departamental y del Distrito Capital, Bogotá. Los departamentos tienen derecho mínimo a dos representantes y otros tantos más, de acuerdo con el volumen o cantidad de habitantes o residentes de la jurisdicción departamental. El departamento de La Guajira supera en habitantes a los departamentos de Sucre, Quindío y Risaralda; sin embargo, solo tiene derecho a dos representantes, en igualdad que el departamento de Vaupés, que tiene menos de 50 mil habitantes, un 15% de los que tiene Riohacha.
De los citados departamentos, uno tiene tres representantes y los otros dos, del interior del país, tienen cuatro representantes. Nada se ha hecho sobre diligenciamiento por la dirigencia política de La Guajira para que aprueben el reconocimiento siquiera de otro cupo, con fundamento en el último censo de habitantes, para equilibrarse con el departamento de Cesar, que también tiene tres representantes.
Los aspirantes a Cámara y Senado comienzan a anunciarles a los directores de partidos o bancadas políticas la intención y el deseo de integrar listas, previa inscripción interna, para efecto de aprobación y avales, en representación de determinado partido, a fin de participar en elecciones populares. Las listas pueden ser cerradas o abiertas con votos preferentes. Algunos aspirantes comienzan a hacer correrías por barrios y localidades municipales para negociar compromisos de amarre, al estilo politiquero clientelista. En las visitas, dejan sobres de cartas con billetes, pisando adelantos, en prácticas de acaparamiento de líderes y hogares familiares de estratos bajos y condición vulnerable, para aprovecharse de ellos, comprándoles la conciencia, valiéndose de necesidades vitales, básicas y apremiantes que padecen, por indolencia de quienes los representan, mediante compraventa de votos, apropiándose de derechos que corresponden a los habitantes de territorios donde venden los votos.
En Colombia tenemos una democracia involuntaria y mercantilista, plagada de corrupción. Los pensamientos políticos han desaparecido, sin excepción de los partidos tradicionales, liberales y conservadores, predominando las polarizaciones y las nulas acciones de todos los partidos con personería jurídica, que solo sirven para engordar el patrimonio económico que nutren del zumo que extraen en negocios que realizan con las curules que ostentan, para beneficio personal, en detrimento de quienes representan en calidad de parlamentarios.
Si no tenemos dignidad humana ni razonamos reflexionando sobre historial y antecedentes de partidos y aspirantes, no seremos capaces de elegir bien, con debilidades afectivas. De no mejorar acciones partidistas ni superar los vicios que los desacreditan, el rumbo de la nave política-administrativa va a la deriva, como lo está ocurriendo en la República de Colombia, que nos tiene del timbo al tambo, desgranados, pasmados, frustrados, atrasados, olvidados y sin esperanza de bienestar colectivo general, requiriendo cambios extremos de manera transparente, logrables negándole votos a quienes los abandonaron después de resultar elegidos y vuelven a buscar de nuevo apoyo electoral, sin presentar hechos positivos que mostrar para merecer reelegirse sin mérito que los justifique.
De 32 partidos con personería jurídica que tenemos en Colombia, habilitados para expedir avales, no profesan ninguna ideología, ni se expresan sentimientos de confraternidad entre sí, ni entre quienes dirigen con quienes conforman la integridad partidista, por falta de relaciones, conexiones, comunicaciones y empatía masiva que consoliden e identifiquen en unidad política. No tienen normatividades o reglas de juego para seleccionar entre la militancia miembros que meritoriamente deban integrar listas, fundamentadas en requisitos estatutarios.
Lo preferencial para directores de bancadas políticas con quienes conforman listas es la ostentación económica, exigible para la buena ubicación en las listas del Senado y Cámara de Representantes, que, para el próximo año, se llevarán a cabo el 8 de marzo de 2026. Garantizar la elección requiere de disponibilidad económica suficiente para enfrentar la competencia voraz que se presenta en la compra de votos y curules en la Registraduría del Estado Civil, de quienes aspiran, indiferentemente de que se trate de un tránsfuga o camaleón, que se asimilan por constantes saltos y cambios de colores entre partidos, que transitan por conveniencias personales y ausencia de apoyo político, direccionado y controlado por sus directivas, sin valorar la procedencia u origen de dineros y sin calificar el historial de advenedizos o paracaidistas que terminan desplazando oportunidades a fieles seguidores, rezagados, menospreciados y obligados, por estados de pobreza, a apoyar a cualquier individuo que avale el director del partido, en afán de negociar, vendiendo avales.
La democracia no es perfecta, aun cuando esté cargada de vicios y defectos. Es mejor que cualquier dictadura, pero sirve para saber ¿a qué juegan o qué persiguen en elecciones populares, cuando venden los votos por mitigar el hambre de una semana? ¿Qué pueden reclamar, exigir, ni quejarse quienes venden los votos sobre su mal estado o forma de vida que tienen? Quienes venden votos se constituyen en cómplices de sus verdugos, que los acaparan en compraventa clientelista, en prácticas de corrupción, sin esperanza de crecer, ni mucho menos progresar, atados y condenados a vivir sin gracia, por seguir repitiendo sus desgracias sin escarmiento, con los mismos males que los atormentan.
La falta de control en los partidos o movimientos, relacionado con gastos e inversiones logísticas, en divulgaciones y eventos publicitarios, con recursos económicos de dudosa procedencia, utilizados para exaltar y atraer electores, que buscan dónde refugiarse u ofrecerse en el mercadeo politiquero, compra de lotes de votos. Las organizaciones armadas al margen de la ley también intervendrán e infiltrarán en listas a miembros particularizados. Limitarán y prohibirán en algunos territorios el libre proselitismo. Apoyarán infiltrados en algunos partidos políticos como candidatos propios, financiando campañas y obligando a habitantes en veredas, comunidades y poblaciones a votar por candidatos que ellos ordenen. El elegido en esa forma, de nada le sirve a la bancada que lo avala, sino que queda comprometido al servicio exclusivo de patrocinadores financieros, donde lo requieran gestionar asuntos.
Háganse respetar, no coman cuento de falsas promesas. Si los continuos golpes no les han enseñado, durante tantos años, todavía tienen tiempo para reflexionar y evaluar cuánto hayan perdido por habituarse a vender los votos, pero también pueden ganar tranquilidad de conciencia, desistiendo de repetir por unos pesos que reciben a cambio. No dejen de votar, por los menos malos o por quienes les generen confianza y credibilidad. Que las emociones y el fanatismo no los aturdan, ni mucho menos los inclinen por los aspirantes que más plata gasten en campañas. No se desgasten con vanas ilusiones.
