La pluma dorada plama la pagina en blanco con la tinta fina de su pensamiento inspirada en la Colombia que exige un ejercicio de memoria. No una memoria superficial ni conmemorativa, sino una memoria crítica que permita comprender que el presente político, social, cultural y económico del país no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una historia de imposiciones, resistencias y disputas por el poder.
La raíz de esa resistencia se encuentra en el proceso de invasión europea iniciado en el siglo XV, consolidado en el territorio que hoy conocemos como Colombia durante el dominio del Imperio español. No se trató de un “encuentro de culturas”, sino de un proceso sistemático de despojo territorial, imposición cultural y destrucción de estructuras sociales indígenas que durante siglos habían organizado la vida en armonía con la tierra.
Los pueblos originarios —Wayuu, Arhuaco, Kogui, Wiwa, Zenú, Emberá, Nasa, Misak, Uitoto, Tikuna, entre más de cien pueblos reconocidos en el país— no desaparecieron. Resistieron. Resistieron desde la tierra, desde la lengua, desde la organización comunitaria y desde una visión del mundo que no logró ser extinguida por la violencia colonial.
La llamada independencia, formalizada en hechos como el Grito de Independencia de 1810 y la Batalla de Boyacá de 1819, no significó una ruptura estructural con la lógica colonial. Más bien representó una transferencia del poder: de la corona española a élites criollas que heredaron no solo el control político y económico, sino también las jerarquías raciales y sociales impuestas durante la colonia.
Desde entonces, Colombia ha vivido una contradicción permanente: un discurso de libertad que convive con prácticas de exclusión. Los pueblos indígenas y afrodescendientes han sido históricamente marginados en la toma de decisiones, reducidos a categorías inferiores dentro de un modelo de país que privilegió la acumulación de riqueza sobre la dignidad humana.
Durante más de dos siglos, las estructuras de poder consolidaron un modelo económico concentrado, una educación excluyente y una cultura política marcada por el clasismo y el racismo. Este modelo profundizó la desigualdad y generó condiciones para el conflicto armado y la fragmentación social.
En ese contexto, la emergencia de liderazgos provenientes de sectores históricamente excluidos no es un accidente, sino una consecuencia directa de esa exclusión acumulada. La llegada de nuevos liderazgos representa una transformación en la conciencia política de amplios sectores de la sociedad.
En esa misma línea se inscribe el liderazgo de mujeres indígenas y afrodescendientes que hoy ocupan espacios de poder. Estas mujeres representan no solo trayectorias individuales, sino procesos colectivos de resistencia.
Su presencia en el escenario político es el resultado de décadas de exclusión, discriminación y lucha por el reconocimiento. En otras palabras, son la consecuencia de un sistema que, al intentar negar derechos, terminó generando las condiciones para que esos derechos fueran reclamados con mayor fuerza.
Frente a esto surge una pregunta: ¿por qué estos liderazgos? La respuesta no radica únicamente en la formación académica, sino en el tipo de formación. Durante décadas, sectores privilegiados tuvieron acceso al poder, pero no lograron cerrar las brechas sociales ni construir un país equitativo.
En contraste, estos liderazgos han sido formados en contextos de resistencia, en territorios atravesados por la pobreza, el abandono estatal y la violencia. Su formación es ética, territorial y comunitaria.
El reclamo que hoy emerge desde sectores populares, indígenas y afrodescendientes no es un privilegio, sino una exigencia básica: el derecho a vivir con dignidad.
Colombia no es propiedad de un grupo social. Es un país diverso, construido sobre múltiples identidades, memorias y territorios.
El momento actual debe entenderse como una confrontación entre dos visiones de país: una que reproduce jerarquías heredadas de la colonia, y otra que busca construir condiciones de igualdad.
La resistencia indígena y afrodescendiente no es un hecho del pasado. Es una realidad vigente que hoy se expresa en la política y en la sociedad.
El desafío implica desmontar estructuras históricas de desigualdad y construir un proyecto colectivo donde la dignidad sea una garantía.
Esa es la verdadera disputa: no por el poder en sí mismo, sino por el sentido del país.
