Colombia es un país que se acostumbró a vivir con una mentira, que el centralismo es sinónimo de unidad nacional. La verdad es otra; el centralismo ha sido, desde 1886, la maquinaria que empobreció a las regiones concentró privilegios en Bogotá y convirtió a los departamentos en menores de edad políticos, incapaces de decidir sobre su propio destino.
Los números no mienten. Bogotá concentra más del 25 % del PIB nacional, mientras departamentos como Chocó, Vaupés y Guainía superan el 60 % en índices de pobreza. Antioquia aportó en 2023 cerca de 40 billones de pesos a la Nación, y apenas recibió 6 billones de vuelta. ¿Eso es justicia territorial? No: es saqueo institucionalizado.
La historia también lo demuestra. Durante el federalismo (1863-1886), Colombia vivió uno de sus periodos más dinámicos. Antioquia creció gracias al café y la minería; Santander prosperó con el cacao; la Costa Caribe movía el 90 % del comercio exterior por sus puertos. Entre 1850 y 1880, las exportaciones pasaron de 5 millones a 20 millones de dólares anuales. El Caribe, además, fue pionero en infraestructura como: el Ferrocarril de Bolívar en 1871, el primer telégrafo en Barranquilla en 1865 y hasta el primer vuelo en avión del país en 1919. Mientras tanto, Bogotá seguía aislada en la cordillera.
Pero llegó la Constitución de 1886 y con ella la traición, se expropiaron los bienes de los antiguos Estados, se acabó su autonomía fiscal y se subordinó todo al presidente de turno. Desde entonces, el centralismo se convirtió en una camisa de fuerza que aún hoy impide que regiones con potencial —como el Caribe, Antioquia, Valle o Santander— gestionen directamente sus recursos.
Y, sin embargo, cuando se les permite actuar, las regiones prueban que son más eficientes que la Nación entera. Barranquilla, bajo Alex Char, aprobó en 2025 un presupuesto de 6,7 billones de pesos, de los cuales 82 % se destinó a inversión: obras públicas, programas sociales y dinamización empresarial. El resultado; reducción de la pobreza multidimensional y creación de más de 13.000 nuevas empresas en 2019.
Córdoba, con Erasmo Zuleta, redujo los homicidios en más del 48 % en un año, bajó la pobreza monetaria de 49,6 % a 45 % y la pobreza extrema de 24,4 % a 21,3 %. Bolívar, con Yamil Arana, invirtió 324.200 millones de pesos en agua potable y alcantarillado, beneficiando a más de 168.000 personas. Montería, con Hugo Kerguelén, lanzó el proyecto Businú y estructuró un plan de desarrollo de 5,93 billones de pesos. Cartagena, con Dumek Turbay, logró recaudar más de 822.000 millones de pesos en seis meses, mostrando que sí es posible sostener las finanzas locales con esfuerzo propio.
Estos logros se dieron a pesar del centralismo, no gracias a él. Si las regiones manejan sus recursos, avanzan. Cuando dependen de la burocracia bogotana, se estancan.
El centralismo no solo roba recursos: roba tiempo y oportunidades. La derrota del Referendo por la Autonomía Fiscal, propuesto por el gobernador de Antioquia Andrés
Julián Rendón, fue una puñalada para los departamentos. El proyecto buscaba modificar el artículo 298 de la Constitución y permitir que las regiones gravaran renta y patrimonio. Fue hundido por 8 votos en contra, 7 a favor y 3 abstenciones en la Comisión Primera del Senado. ¿Los responsables? El Gobierno nacional, con Gustavo Petro a la cabeza, y una clase política que teme perder privilegios.
La incoherencia de los congresistas quedó en evidencia: senadores antioqueños como Germán Blanco y León Freddy Muñoz votaron en contra de su propio departamento.
Lo que está en juego no es un capricho político, es el futuro de Colombia. La autonomía fiscal no divide: fortalece. La equidad territorial no amenaza: une. La federalización no destruye la nación: la moderniza. Países como Alemania, Suiza y Estados Unidos lo demostraron hace más de un siglo. ¿Por qué Colombia insiste en permanecer atrapada en un modelo caduco que perpetúa la desigualdad?
Pero el Caribe ya había levantado la voz y hasta ha insistido mucho antes. El Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, viene impulsando desde hace más de una década la idea de una Región Caribe Federal. Su propuesta es clara: que los departamentos costeros se unan como un gran Estado dentro de una Colombia federal, con autonomía fiscal, un parlamento regional y competencias propias en educación, salud e infraestructura. Verano lo resumió bien: “El Caribe aporta cerca del 25 % del PIB nacional, pero recibe mucho menos en inversión pública”. Su proyecto de la RAP Caribe (Región Administrativa y de Planeación) es solo el primer paso hacia esa meta: que el Caribe deje de mendigar en Bogotá lo que produce con su propio esfuerzo.
Sin embargo, la voz del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella retoma esa bandera: construir una Colombia Federal. No como un discurso romántico, sino como la única vía para acabar con la injusticia del centralismo. Y lo hace con un peso simbólico invaluable ya que Abelardo es el hijo del Caribe, la región más golpeada por el abandono centralista. Por eso lo exhorto a dar un paso histórico: gobernar desde el Palacio Presidencial de Cartagena, el mismo que alguna vez albergó a Núñez y Uribe Uribe, para enviar un mensaje contundente contra el centralismo. Que desde allí impulse un nuevo modelo de poder compartido, trasladando ministerios y entidades a distintas regiones del país, para que Antioquia, el Pacífico, los Llanos y la Amazonía también sean centros de decisión. Con Abelardo, el Caribe puede volver a ser el motor de la Nación, y Colombia, por fin, un país donde la unidad se construya desde la diversidad y no desde la imposición de un centro.
El centralismo es un cáncer que corroe a Colombia desde adentro. La única cura es el federalismo: devolverles a las regiones la dignidad, la autonomía y la capacidad de decidir sobre su propio destino.
