La captura del exmandatario abre un nuevo escenario político marcado por la presión internacional, las fracturas internas del chavismo y una transición incierta.
La captura de Nicolás Maduro marca el final político de un gobernante que se sostuvo en el poder mediante fraudes electorales, la persecución sistemática de la oposición y la progresiva destrucción del orden constitucional venezolano. Su detención trasciende el ámbito jurídico y adquiere un profundo significado político: confirma el agotamiento de un modelo de poder que, durante años, gobernó al margen de la legalidad y en abierta confrontación con los principios democráticos.
Durante su mandato, la Presidencia dejó de ser una institución sometida a la Constitución para convertirse en un núcleo de concentración autoritaria. Las denuncias por violaciones a los derechos humanos, la anulación sistemática de los contrapesos institucionales y el desconocimiento de la voluntad popular aislaron progresivamente al régimen, tanto en el plano interno como internacional.
Maduro construyó su liderazgo desde la confrontación. Retó abiertamente a Washington, se presentó como invulnerable y utilizó el discurso ideológico como escudo frente a las acusaciones en su contra. Esa narrativa, sin embargo, se desplomó con rapidez. Su captura dejó en evidencia una realidad incómoda para el chavismo: ningún poder es permanente cuando pierde legitimidad, respaldo institucional y apoyo popular.
El impacto regional de este hecho es innegable. Venezuela se convierte en un caso de estudio para América Latina: los gobiernos que desconocen el voto, concentran el poder y erosionan las libertades terminan enfrentando consecuencias. En un continente que debate el rumbo de sus democracias, lo ocurrido funciona como advertencia y recordatorio.
Al momento de escribir esta columna, Maduro comparecía ante un juez federal del Distrito Sur de Nueva York para la lectura formal de los cargos en su contra. El exmandatario se declaró inocente y afirmó ser víctima de un secuestro. Enfrenta ahora un proceso judicial complejo, que avanzará hacia juicio en los próximos meses. Dada la gravedad de los delitos imputados y la abundancia del material probatorio incorporado en la acusación, el desenlace judicial parece previsible.
El sistema penal estadounidense concede un valor significativo a la cooperación con la justicia. En ese contexto, no puede descartarse que Maduro busque beneficios procesales a cambio de información verificable sobre redes de narcotráfico, lavado de activos y complicidades políticas y empresariales. No sería un hecho inédito: antiguos aliados suyos, como Hugo “el Pollo” Carvajal, ya han declarado ante la justicia estadounidense señalándolo como parte central de estas estructuras criminales.
Desde la perspectiva de Washington, Maduro nunca fue reconocido como el presidente legítimo de Venezuela, sino como un prófugo de la justicia. Su captura responde a esa lógica. Además, la administración estadounidense cuenta con respaldo legislativo para actuar contra organizaciones calificadas como narcoterroristas cuando representan una amenaza a su seguridad nacional. En ese marco, el denominado Cartel de los Soles y sus principales dirigentes se convirtieron en objetivo prioritario.
Sin embargo, la salida de Maduro del escenario no implica, por sí sola, el desmantelamiento del régimen que gobernó Venezuela durante más de dos décadas. Buena parte de la estructura de poder permanece intacta. Delcy Rodríguez asume la Presidencia; Jorge Rodríguez conserva el control del Legislativo; Vladimir Padrino López continúa al frente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y Diosdado Cabello mantiene influencia decisiva sobre el aparato político y entidades clave del Estado.
La pregunta central es inevitable: ¿qué viene ahora para Venezuela sin Maduro?
El futuro inmediato dependerá, en gran medida, del nivel de presión y supervisión que Estados Unidos ejerza sobre el nuevo equilibrio interno del chavismo. Todo indica que Washington habría optado por una transición controlada, utilizando a figuras del propio régimen como puente, bajo la amenaza explícita de sanciones más severas si no se cumplen condiciones mínimas orientadas a una apertura política gradual.
Ese escenario, no obstante, está lejos de ser estable. Al interior del chavismo existen tensiones evidentes. La relación entre Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López estará marcada por la desconfianza. Diversas señales apuntan a que la entrega de Maduro fue negociada por un sector del poder, lo que alimenta el temor de otros actores a correr la misma suerte. Si la transición se prolonga o se fractura, el riesgo de una salida de fuerza —incluido un eventual quiebre militar— no puede descartarse.
¿Y qué ocurre con Edmundo González, reconocido por amplios sectores como presidente legítimo, y con María Corina Machado, principal líder de la oposición? Su ausencia en la estrategia inmediata de Washington sugiere una lectura pragmática: un relevo abrupto podría detonar un conflicto interno de gran escala, con la intervención de colectivos armados y sectores radicalizados, en un país ya exhausto por la crisis.
Tras la caída de Maduro, el mundo observa a una Venezuela que intenta volver a la normalidad institucional. El proceso será complejo: su salida no implica el fin automático del régimen, pero sí marca un punto de no retorno. Los actores que aún controlan el poder enfrentan una presión internacional persistente. Así se abre, con incertidumbre, una nueva etapa para Venezuela.
