Mientras el gobierno la señala, la ciudadanía la respalda.
En un contexto nacional donde el gobierno de Gustavo Petro ha promovido una narrativa crítica frente a la minería, apostando por una transición energética que desacelere esta actividad, el más reciente informe de Brújula Minera 2025 revela una conclusión contundente: la ciudadanía sigue respaldando a la minería como una fuente clave de desarrollo económico y social para los territorios, especialmente en zonas como Cesar y La Guajira.

La encuesta, desarrollada por Jaime Arteaga & Asociados y el Centro Nacional de Consultoría, aplicó más de 2.400 entrevistas en todo el país, con una muestra específica de 375 personas en los departamentos del Cesar y La Guajira. En esta región, el 85 % de los encuestados está de acuerdo en que “la minería bien hecha trae desarrollo a las regiones donde opera” y un 86 % cree que “es posible hacer minería socialmente responsable”.
Estos datos contrastan con la postura reiterada del actual gobierno, que ha intentado limitar el avance de nuevos proyectos mineros con el argumento de impactos ambientales y sociales. Sin embargo, la encuesta demuestra que la población, incluyendo comunidades directamente vinculadas a zonas de operación minera, percibe lo contrario: el 73 % en Cesar y La Guajira tiene una opinión positiva de las empresas mineras, y el 65 % afirma confiar en ellas, cifras que superan ampliamente el promedio nacional.

Además, se consolida la licencia social para operar como un indicador tangible: en Cesar y La Guajira, esta licencia alcanzó un nivel de aprobación del 43 % (identificación psicológica), el más alto registrado desde que se mide, y muy por encima del promedio nacional (15 %). Esto significa que existe una relación de legitimidad, aceptación y confianza entre la industria minera y las comunidades, algo que la retórica gubernamental parece ignorar o subestimar.
Otro hallazgo importante es que el 72 % de los encuestados en la región considera que, si las empresas mineras dejaran de operar, la economía local empeoraría. Este dato es coherente con la experiencia de cientos de familias guajiras cuyos ingresos, educación y bienestar están ligados a los empleos directos o indirectos generados por compañías como Cerrejón. No solo se trata de salarios, sino de beneficios educativos, salud, infraestructura y regalías que han permitido financiar obras y servicios públicos en La Guajira.

El informe también destaca que el 88 % cree posible que la minería conviva con otras actividades como el turismo o la agricultura, desmontando otro argumento frecuente en contra de la minería como sector excluyente.
En conclusión, Brújula Minera 2025 muestra que, pese a los mensajes gubernamentales, la sociedad, especialmente en zonas mineras como La Guajira y Cesar, reconoce y valora el papel de la minería en el desarrollo local. Este respaldo ciudadano constituye una licencia social sólida, que debe ser tenida en cuenta en cualquier discusión sobre el futuro energético y económico del país. Ignorar esta voz mayoritaria sería no solo políticamente riesgoso, sino éticamente cuestionable.
