En V sesión ordinaria del Consejo del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP), se presentaron importantes avances en las acciones implementadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en conjunto con otras entidades, para superar el Estado de Cosas Inconstitucionales en la atención a la población indígena wayuu, con un enfoque prioritario en los derechos básicos de los niños y niñas en cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017.
En la sesión convocada por la Consejera Presidencial para las Regiones, Dra. Luz María Múnera Medina, el Dr. Javier plazas, Viceministro para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza, del Ministerio de Igualdad, hizo referencia al cumplimiento del ICBF con las acciones previstas en el Plan Estructural de Acción, que incluye medidas para enfrentar la desnutrición y mejorar la atención a los menores de edad en los cuatro municipios priorizados de La Guajira (Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha).
El Bienestar Familiar ha logrado identificar y activar rutas de atención para niños y niñas en riesgo de desnutrición junto al fortalecimiento de los Centros de Recuperación Nutricional (CRN) del departamento. Además, se ha creado una Comisión Asesora Científica que busca fortalecer las estrategias de atención y garantizar que las soluciones implementadas sean efectivas y adecuadas para la población wayuu.
Otro avance significativo es el desarrollo de la Guía para la implementación de un modelo de atención integral que respeta y promueve la pervivencia cultural y social de la comunidad wayuu. Este modelo se está construyendo a partir del diálogo directo con las comunidades, lo que permite una mejor comprensión de sus necesidades y garantiza una atención que sea culturalmente pertinente.
En la sesión, la consejera para las regiones resaltó el avance en los Territorios de Respuesta Integral (TRI), un modelo que ha sido clave para la planificación y ejecución de acciones intersectoriales. Los TRI permiten una mayor coherencia y eficacia en las intervenciones, además de ofrecer una comprensión más precisa de las necesidades y desafíos específicos de cada territorio, los mismos que se han convertido en unidades básicas de información y gestión, han sido acogidos y adaptados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el desarrollo del marco geográfico del Sistema de Información Wayuu.
En cuanto al cumplimiento de los derechos fundamentales de la población wayuu, se destacó que el avance en los cinco derechos clave —soberanía alimentaria, agua, salud, movilidad e información— es del 72,8%, con una inversión de 443 mil millones de pesos. Este esfuerzo ha permitido mejorar el acceso de la comunidad a servicios básicos esenciales y avanzar en la superación de las brechas que históricamente han afectado a la población.
Finalmente, la sesión abordó los nuevos Autos emitidos por la Corte Constitucional, que forman parte del seguimiento al cumplimiento de la sentencia. En particular, se hizo énfasis en el auto 118 de 2025, que refuerza la obligación de garantizar la claridad y la rendición de cuentas en todos los procesos relacionados con la atención a la población wayuu. La consejera presidencial anunció que enviará a todas las entidades involucradas los 91 Autos emitidos hasta la fecha, para asegurar que el seguimiento a la sentencia continue siendo efectivo y transparente.
