El sistema de Beneficios Económicos Periódicos no resuelve la exclusión pensional: la maquilla. Más que una política de dignidad, termina siendo un mecanismo para administrar la pobreza.
Una pensión de vejez existe para garantizar una vida digna. El Estado debe ofrecer alternativas de justicia social para quienes, pese a haber trabajado durante años, no lograron pensionarse dentro del régimen pensional público. Actualmente, muchos trabajadores, al verse imposibilitados para jubilarse, terminan retirando sus aportes en un solo pago: una indemnización que suele esfumarse rápidamente ante las urgencias del día a día.
Una alternativa real sería permitir que quienes dejen de cotizar reciban una pensión prorrateada. Dependiendo de la edad y las semanas acumuladas, esta prestación podría situarse entre el 50 % y el 75 % de una pensión plena. Otra opción sería que el trabajador reciba su indemnización sustitutiva mediante un esquema de pagos programados, aplicable durante el periodo en que no le sea posible continuar cotizando, evitando así el desamparo total.
Subsidios que alivian, pero no transforman
Los subsidios estatales no son una solución estructural contra la pobreza: pueden aliviarla, pero no sacan a nadie de ella. Lo que la gente realmente necesita es una política pública decidida de incentivo y financiación al emprendimiento productivo; una capaz de generar empresa, riqueza y empleo sin depender de ayudas perpetuas del Estado. La asistencia pública debe ser excepcional en momentos de crisis; si se convierte en un mecanismo permanente, termina pareciéndose más a una limosna institucionalizada que a una estrategia efectiva para superar la precariedad.
El caso BEPS
Las opciones de protección deben ser soluciones reales, no parches creados para administrar la escasez. Un claro ejemplo son los BEPS (Beneficios Económicos Periódicos): un esquema de ahorro individual gestionado por Colpensiones para quienes perciben menos de un salario mínimo. En este modelo, el Estado premia al ahorrador con un incentivo del 20 % adicional, transformando ese capital en una renta vitalicia al cumplir la edad de retiro (57 años para mujeres y 62 para hombres).
Esa renta, en el mejor de los casos, puede llegar hasta el 85 % de un salario mínimo. Sin embargo, en la práctica, funciona como una “mini-pensión” que, aunque cuenta con respaldo legal, difícilmente garantiza la subsistencia.
Una carga para quien menos puede
Los BEPS son, en esencia, un paliativo. Un trabajador informal vive del día a día y rara vez tiene capacidad de ahorro. Imponerle la carga de sacrificar su consumo actual para obtener una renta futura resulta contradictorio cuando su problema es la supervivencia inmediata. ¿No sería más efectivo apoyar su emprendimiento con crédito público barato y exento de intereses, para que su economía crezca hoy, en lugar de obligarlo a esperar décadas por una renta estatal simbólica?
Las cifras revelan el problema
El absurdo se vuelve evidente cuando se examinan las cifras. Utilizando IA, calculé el ahorro necesario para un hombre de 51 años que aspire a una renta BEPS del 20 % de un salario mínimo en 2037. El resultado es demoledor: para alcanzar esa meta, su cuenta debería acumular un capital de entre $140 y $150 millones de pesos.
Aquí aparece la trampa: esta cifra es inalcanzable porque el sistema impone un tope máximo de ahorro anual que le prohíbe al ciudadano aportar lo necesario. Aunque el trabajador quisiera esforzarse más para asegurar su vejez, la ley le amarra las manos con techos que condenan su intención. Si este hombre ahorrara religiosamente el máximo permitido hasta su retiro, su recompensa en 2037 sería una renta de apenas $320.000 cada dos meses. Esto equivale a vivir con el 4 % de un salario mínimo de ese entonces. El sistema no solo limita el ahorro, sino que condena la expectativa de vida a una cifra insignificante.
El debate de fondo
Para el Estado, el esquema parece razonable: si la persona ahorra, el Estado complementa. Sin embargo, el sistema funciona como una limosna institucionalizada que mantiene pobre al pobre.
El debate de fondo es si la protección en la vejez debe depender exclusivamente de la capacidad individual de cotizar en un mercado laboral que nunca ofreció estabilidad, o si debería existir un piso mínimo universal financiado solidariamente. Países más equitativos han optado por una pensión básica garantizada, financiada con impuestos generales. Es un modelo que reconoce la vejez como una etapa que merece protección por el solo hecho de haber sido parte de la sociedad, independientemente de si el sistema formal le abrió o no sus puertas.
