La Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu (Shipia Wayuu) promovió un incidente de desacato ante la Sala Octava de Seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, en contra de las entidades nacionales, departamentales y municipales por el abandono en las comunidades wayuu de Uribia, Maicao, Riohacha y Manaure.
Esto en relación a que aún no se ha cumplido las pretensiones de atención al pueblo wayuu, niñez, adolescencia, madres gestantes, lactantes y adultos mayores, quienes siguen esperando agua, alimentación, educación, entre otros ítems que se promueven en la protección de sus derechos fundamentales.
Este incidente de desacato va contra la Presidencia de la República, Ministerio de Salud, Prosperidad Social, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura, ICBF, Supersalud, UNGRD, Gobernación de La Guajira y las alcaldías de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
Cabe recordar que este mes de mayo de 2023 se cumplen tres meses de dicha notificación para el cumplimiento de la Sentencia T-302 para que el Estado Colombiano las acate y proteja a la población wayuu en estos territorios.
En sus pretensiones, en el incidente de desacato se informa que no han tenido resultados las acciones del gobierno nacional con la Gerencia Especial para la Crisis en La Guajira en cabeza de Luis Gómez Pimienta. “La gerencia es una figura sin recursos propios”, denuncian las autoridades wayuu.
De igual manera, criticaron el supuesto Plan Inmediato de las autoridades en zonas consideradas críticas por casos de muertes por desnutrición. “Las autoridades departamentales, municipales, nacionales, no respondieron al llamado, es decir que no hubo la coordinación que se necesita para impedir la muerte de menores wayuu”, afirmaron.
Además, advierten que para la Corte Constitucional en su visita los días 17, 18, 19, 20 y 21 de abril “el balance en materia de cumplimiento de la sentencia a pesar del cambio de gobierno es pobre”.
Y finalmente indican que “el gobierno ha reconocido a voceros que han empantanado el verdadero diálogo genuino con las autoridades legitimas, donde se han hecho evidentes los intereses personales y contractuales, en detrimento de los derechos fundamentales de los niños y niñas wayuu”.
