Aunque la aspersión aérea con glifosato en Colombia continúa prohibida por la Corte Constitucional mediante la Resolución 6 de 2015, el presidente de la República Gustavo Petro Urrego, anunció públicamente la intención de reconsiderar su implementación como estrategia de erradicación de cultivos de uso ilícito, reabriendo un debate que parecía cerrado.
Las reacciones no se han hecho esperar. Algunos interpretan esta iniciativa como un gesto de presión externa, particularmente de un proceso de descertificación de los Estados Unidos. Según el Informe Mundial sobre Drogas de la ONU, en Colombia la producción de hoja de coca aumentó en un 53 %, lo que representa el 67 % de los cultivos ilícitos a nivel global. Hasta ahora, el enfoque gubernamental ha privilegiado las incautaciones y la persecución a los narcotraficantes, dejando en segundo plano el problema estructural: la siembra.
Esta situación nos conduce a la pregunta central: ¿aspersión aérea con glifosato o reconversión socio productiva? Más allá de la decisión, lo urgente es diseñar y ejecutar un gran plan de transformación para el agro colombiano, que contemple la modernización del campo, acceso real a créditos y banca rural, garantías de producción y comercialización, asistencia técnica permanente y organizada mediante agremiaciones, precios justos y seguros de cosecha, estrategias de adaptación al cambio climático, entre otras acciones. El campesino debe tener todas las garantías estatales para vivir de manera digna, con el campo como sustento y fuente principal de ingresos. Solo así podrá alejarse de la ilegalidad y optar por la paz, sin precariedad ni riesgos judiciales.
Ahora bien, frente a los efectos nocivos de la aspersión aérea en la biodiversidad y la salud humana, los riesgos superan los beneficios. La deriva del químico por condiciones climáticas cambiantes puede generar daños irreversibles en ecosistemas, animales y comunidades. La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al glifosato en 2015 como “probablemente carcinogénico para humanos”, por lo que el principio de precaución debe prevalecer para evitar consecuencias graves.
Ante una nueva evaluación de la aspersión aérea como medio para la erradicación de cultivos de uso ilícito, más bien se debe, a través de inteligencia artificial, ciencia y tecnología, proponer la construcción de modelos y maquinaria agrícola robótica para la erradicación manual de la planta de coca, que multiplique por diez las labores de horas hombre y que reduzca la exposición a la pérdida de vidas humanas. Los drones también podrían resultar una herramienta un poco más efectiva debido a una aspersión más localizada que permite reducir un poco más los efectos de la deriva del veneno sobre otros cultivos y el medio ambiente.
En lugar de insistir en métodos cuestionables, el Gobierno nacional podría liderar una alternativa innovadora basada en ciencia, tecnología e inteligencia artificial. La cuestión, entonces, no debería ser solo entre glifosato o reconversión socio productiva, sino entre un modelo que repite errores del pasado y otro que, apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la dignidad campesina.
