“Soy respetuosa de la institucionalidad, obedeceremos lo que en el fallo se ordena y, por convicción propia, en cumplimiento de mis funciones como gobernadora de La Guajira, redoblaremos los esfuerzos por garantizar el derecho fundamental al agua, tal como lo ordena la sentencia T-415 de 2018”.
Así se pronunció la Gobernadora de La Guajira, al recibir comunicación por parte del Honorable Consejo de Estado en el que confirma el resultado en un incidente de desacato.
El incidente de desacato tiene que ver luego de que las comunidades indígenas de Warrutou, Warraliet, Juisharou, Topia y Tres bocas, ubicadas en el municipio de Uribia manifestaron que están atravesando una crisis humanitaria a raíz de la escasez de recursos básicos en la población, especialmente lo que tiene que ver con el agua potable y alegarán que a pesar de las medidas cautelares decretadas por la CIDH, no se ha minimizado la problemática.
Por ello, decidieron presentar una acción de tutela en contra del Ministerio de Vivienda, el viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Uribía SAS ESP, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana, la salud, el mínimo vital de agua potable, la igualdad y la diversidad étnica y cultural.
En un principio el Tribunal Administrativo de La Guajira estudió y emitió un incidente de desacato: “en providencia del 9 de mayo de 2023 se resolvió el incidente de desacato, en el que se dejó la salvedad que se aportaron informes por parte de los apoderados y jefes de las oficinas jurídicas de las entidades que representaban, sin embargo, anunció que la responsabilidad en el incidente de desacato era de carácter personal y no institucional”.
Se informó además que varias entidades tuvieron que entregar información entre ellas el Dapre, por su parte en los informes rendidos el municipio de Uribia manifestó que se ha procurado garantizar el derecho al agua abasteciendo a las comunidades: Warraliet, Jursharou, Topia Tres Bocas y Warrutou, lo que se ha logrado gracias a los convenios interadministrativos celebrados con la empresa de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica de Uribia S.A.S. E.S.P., los que relacionó al detalle.
Por su parte la Presidencia de la República a través de la Consejería Presidencial para las Regiones, se pronunció e indicó que, para la vigencia del año 2023 desde el departamento administrativo de la presidencia, en cabeza de la consejería presidencial para las regiones, se han venido realizando actividades como la realización de espacios de entendimiento y diálogo con miembros del pueblo indígena wayuu.
Sin embargo, el Consejo de Estado estudió el desacato y determinó que, además de dejar en firme la sanción por desacato en contra de la actual gobernadora Wilches con una multa de 1 SMLV (Salario Mínimo Legal Vigente), como lo impuso el Tribunal de La Guajira, la decisión también sancionó a Ediñho De Jesús Vides Guerra en calidad de gerente de la empresa de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica de Uribia SAS ESP.
“En virtud de lo anterior y dada la designación de la gestión del Plan Departamental de Aguas a la Empresa Departamental de servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De La Guajira S.A. (ESEPGUA), seguiremos, de la mano de esta entidad, trabajando hasta el último día del periodo constitucional por garantizar el acceso al agua de todos los guajiros”, afirmó gobernadora.
Y finalmente indicó que “estoy convencida de que, con la protección de los derechos fundamentales, estamos salvando vidas”.
