Los caprichos y orgullos a nada bueno conllevan, incidiendo más de las veces en fatalidad, por causas negativas que obsesionan, radicalizan y enceguecen, terminando en tragedias y fracasos. En la función pública deben prevalecer planes y criterios sanos, globales y positivos; al desarrollo en producción, con prácticas de participación democráticas, no de forma y manera impositivas, que generen discordias originadas por discriminación, desconciertos, inconformismo, desaciertos, incoherencias y cuestionamientos por hechos insólitos e inapropiados o de beneficios exclusivos. Es importante diferenciar lo privado de lo público para no incurrir en equívocos, errores y respetar el régimen legal vigente.
El gobernante popular se debe al pueblo que lo elige. Debe ser concordante con el mismo que representa y responder sobre los lineamientos programáticos preestablecidos, consultándolo en temas y asuntos álgidos y relevantes, admitiendo el resultado que arroje la consulta, en el debido cumplimiento de disposiciones normativas, amparadas en la Constitución, leyes, tratados internacionales y convenios interadministrativos vigentes.
Salirse los mandatarios de las reglas del marco institucional es atentar o vulnerar la democracia e implementar dictaduras disfrazadas de democracia, abrogándose atribuciones extremas y chocantes, persiguiendo y reprimiendo diferencias de opositores. Las diferencias fundamentadas en razones y viabilidades pertinentes constituyen la sazón que le da mejor gusto a las acciones democráticas y armoniza la popularidad, que sirven para amortiguar conflictos, vivir en cordialidad y paz colectiva.
Existe predisposición en el gobierno del presidente Gustavo Petro, desde su inicio, con la empresa Thomas Greg & Sons, encargada de elaborar las tarjetas de pasaportes, mediante contratación suscrita con el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya última prórroga vence el 31 de agosto de 2025. La Cancillería no dispone de cantidades suficientes de tarjetas de pasaportes, ordinarios y ejecutivos, para soportar una crisis, porque caprichosamente no quiere contratar con la citada empresa, que viene elaborando en la prestación del servicio desde hace muchos años. Si vetan la empresa, expongan y argumenten los motivos que lo justifiquen, permitiendo la formalidad administrativa, del debido proceso y derecho de defensa al procesado.
Omitirlo o hacer lo contrario expone a la nación a resarcir pagos indemnizatorios futuros por causas de daños y perjuicios. ¿Está la empresa Thomas Greg inhabilitada o vetada por acto administrativo o fallo judicial, por violación legal, para licitar y contratar con la nación, independientemente de quienes sean sus dueños? ¿Por qué decretaron desierta la licitación en el año 2022, cuando no había más proponentes para renovar el nuevo contrato y han venido suscribiendo prórrogas? La primera víctima de este meollo fue la directora de la Defensa Judicial de la Nación, Martha Lucía Zamora, recordada en La Guajira por la orden de captura que dictó como fiscal ante la Corte Suprema contra el exgobernador Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar.
La referida exfiscal fue la secretaria general del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. También aspiraba a ternarse para Fiscal General o Corte Constitucional. La segunda víctima de gran valor fue la destitución del excanciller Álvaro Leyva Durán por la Procuraduría General de la Nación, que ahora tiene en la mira investigativa a otros tres ministros: Laura Sarabia, Luis Gilberto Murillo y Alfredo Saade, que terminarán justificando sus actuaciones en obediencia a lo ordenado por el presidente, aun cuando eso no lo exime de responsabilidad solidaria.
Paralizar la expedición de pasaportes por no querer contratar con la empresa que viene elaborando, sin disponer de un sustituto inmediato, es una situación preocupante, cuando diariamente deben entregar en el territorio nacional unas 8.000 tarjetas de pasaportes, que difícilmente pueden cubrir, antes de ocho meses, la Imprenta Nacional de Colombia, enlazada con la Casa de la Moneda de Portugal. No pueden traducir omisión, obstrucción, obstinación y negligencia del gobierno con ninguna otra excusa para no cumplir con las entregas de pasaportes, situación que puede salir muy cara por causas caprichosas de un gobierno, frente a una empresa con tradición nacional, prestadora de variados servicios relacionados con impresiones de formatos y documentos, depósitos de capitales, transporte de dineros y documentos de valores; contratista referenciada del Banco de la República, entidades financieras, sociedades industriales, comerciales y de servicios.
Es necesario respetar los requisitos y protocolo de contratación y concursos de mérito en convocatoria de licitaciones públicas, indiferentemente quienes participen, reconociendo al que cumpla con las condiciones establecidas en los pliegos licitatorios. Vetar personas naturales o jurídicas para negar el reconocimiento de derecho contractual resulta contraproducente y genera daños y perjuicios por responsabilidad de la administración de gobierno, que debe garantizar transparencia, imparcialidad y eficiencia en la expedición continuada del documento internacional, porque de paralizarse, en nada servirían excusas justificadoras, ni mucho menos, mentir y desatender reclamos de usuarios por morosidad en la expedición de pasaportes, situación que debe prevenirse y evitarse, porque le resta puntaje al mandatario popular.
El presidente también se enfadó por la adjudicación del contrato de la Registraduría por más de dos billones de pesos a la misma empresa vetada (Thomas Greg), para elaborar, proveer y suministrar los formularios, tarjetas y demás impresiones requeridas para las elecciones de Cámara de Representantes, Senado y Presidencia. El mandatario de Colombia no solo cuestiona la contratación, sino que también desacredita las operaciones de la autoridad electoral competente, por supuestas sospechas imaginarias relacionadas con las elecciones venideras, cuando no es la primera vez que la citada empresa viene prestándole los referidos servicios a la Registraduría en distintos periodos, incluida la elección de presidente de Colombia en 2022.
Esta nación requiere con urgencia entendimiento, comprensión, perdón, armonía y cordialidad para erradicar y aplacar el estado de violencia y agonía en que vivimos por falta de seguridad y control. En ausencia de gobierno que atienda y resuelva necesidades y problemas de variados índoles, garantice a sus gobernados protección, diálogo e inclusión en programas participativos; facilitan por abandonos oportunidades a organizaciones criminales al margen de la ley, para asumir a “motu proprio” la autoridad en veredas, comunidades, localidades rurales y barrios urbanos, ejerciendo la autoridad, controlando libertad y movimientos, sancionando y cobrando tributos o vacuna en los manejos de servicios y comercios, imponiendo el miedo con terrores y horrores, por el libre dominio que ejercen en determinados territorios.
Necesitamos alivio y afianzamiento, no más confrontaciones agrestes políticas, remembrando antecedentes trágicos y cuestionando a otras autoridades que no les copian o complacen en decisiones y pretensiones. Menos manipulaciones, mantos de dudas, especulaciones e incertidumbres. Estamos en SOS, con oración, clamor, exhortaciones y la fe en Dios, procurando lograr paz, anhelada y querida; dependiendo de nuestra recia voluntad.
