Luego de verificar la situación de 315 indígenas wiwa, desplazados por combates entre grupos armados ilegales en el corregimiento Juan y Medio en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, que permanecen en la Casa Indígena de Riohacha, la Procuraduría General de la Nación solicitó a las entidades del orden nacional y regional responsables de la atención a víctimas, realizar una intervención urgente en este y otros albergues de la ciudad, donde hay cerca de 1.000 personas entre indígenas y afrocolombianos desplazados por estos mismos hechos, ocurridos desde el pasado 25 de febrero de 2024.
En declaraciones posteriores a la reunión con los representantes de estas comunidades, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, aseguró que la atención que se está prestando a estas víctimas es insuficiente por parte de la administración local, e inexistente por parte de Gobierno Nacional, persiste la escasez de agua, hay hacinamiento, malas condiciones para dormir y brotes de enfermedades respiratorias que están afectando a un gran número de menores de edad, mujeres gestantes y lactantes.
Sarmiento hizo un llamado a las entidades nacionales para hacer presencia y capacitar a las nuevas administraciones locales sobre la normatividad y procedimientos con enfoque étnico diferencial para atender de manera adecuada a esta población, teniendo en cuenta sus usos y costumbres.
También requirió a la Fuerza Pública intervenir de manera inmediata en territorio para restablecer el orden y así evitar más casos de reclutamiento de menores de edad, delitos sexuales y generar las condiciones de seguridad necesarias para el retorno de estas comunidades lo antes posible.
