Por introducir sustancias estupefacientes al centro de detención donde prestaba el servicio militar obligatorio, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 11 años al auxiliar bachiller del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria, adscrito al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Riohacha (La Guajira), Luis Carlos Maestre Jiménez (2023).

En fallo de primera instancia, el ente de control comprobó que el auxiliar adscrito al Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (INPEC) ingresó 100 gramos de cocaína en su portacelular, que le fue encontrado durante el registro corporal, cuando se dirigía a la parte interna del centro de reclusión.

A juicio de la entidad, la conducta de Maestre Jiménez conllevó “a una transgresión a sus deberes”, y generó “un escenario de vulnerabilidad e inseguridad para (…) los detenidos, pues propiciaba una mayor dependencia de esta población en las drogas y, además, el quebrantamiento de las condiciones de seguridad en los establecimientos de reclusión”. 

La falta del disciplinado fue calificada como gravísima cometida con dolo, por cuanto conocía que al introducir voluntaria y libremente sustancias sicotrópicas en el centro carcelario, actuaba contrario a los mandatos legales.

Para el ente de control con su comportamiento irregular, el disciplinado afectó sus deberes funcionales, atentando contra el buen funcionamiento del Estado.

Contra el fallo de primera instancia procede el recurso de apelación ante la Procuraduría Delegada de Juzgamiento Disciplinario.