Por: Yonairo Gómez
En los últimos tres años, se han llevado a cabo procesos de liquidación y cierre de varias EPS en el departamento de La Guajira. Algunas de estas entidades fueron clausuradas por malos manejos de los recursos económicos, los cuales no se destinaban adecuadamente a la prestación de servicios de salud para los usuarios. Otras fueron liquidadas o retiradas de operación en el departamento debido a influencias políticas y favoritismos hacia EPS manejadas políticamente en la Costa Atlántica. Esta situación se ha abordado sin una planificación económica adecuada que asegure un flujo estable de recursos y la capacidad instalada necesaria. Como resultado, muchas de las IPS receptoras de estos pacientes, que en su mayoría presentaban altos niveles de sinestralidad, enfrentan ahora dificultades financieras y están demandando pagos no solo a la Nueva EPS, sino también a todas las empresas prestadoras de salud aún en funcionamiento.
El más reciente error ocurrió con la unificación que se intentó implementar a través de los decretos de emergencia económica en La Guajira. Como resultado, EPS como Salud Total, Coosalud Eps y EPS Sanitas fueron retiradas del departamento, dejando como receptoras a la Nueva EPS, Cajacopi y EPS Familiar de Colombia. Esta última, siendo la más nueva y con considerable apoyo político, ha fortalecido su posición con cada cierre de EPS liquidadas.
Recientemente, se ha destacado especialmente el caso de la Nueva EPS, señalada por muchos de sus usuarios como responsable del cierre de servicios de varias IPS en el departamento, debido a una alta cartera de más de 360 días. Esto ha llevado a varios gerentes y directores médicos de estas empresas a tomar medidas drásticas, como el cierre de las oficinas administrativas de la Nueva EPS en Riohacha, afectando también a la IPS exclusiva para usuarios de Nueva EPS, que opera en el segundo piso de esas instalaciones.
Comentarios de médicos, funcionarios y usuarios de la Nueva EPS sugieren que, además de los retrasos en los pagos desde el nivel central, contribuyen a la crisis ciertas políticas no éticas y de beneficio personal. Se alega que en La Guajira, el dueño de cualquier IPS puede conseguir apoyo de la Gerencia Zonal, la Dirección Médica y el equipo de calidad de la Zonal Guajira mediante ofertas indebidas, permitiendo así que entidades sin la experiencia, el conocimiento o la calidad necesaria intenten prestar servicios. Esta práctica ha llevado al caos en la prestación de servicios debido al incumplimiento de pago por parte de la EPS a muchas entidades públicas como el Hospital San Rafael de Albania y otras privadas que han tenido que sobregirarse para continuar operando.
Sería crucial para todos los usuarios afectados por estas EPS que el gobierno central y sus directivas investiguen y realicen los aportes necesarios para asegurar la prestación completa de los servicios de salud. Además, es fundamental mantener tarifas que garanticen la continuidad de los especialistas que desean permanecer en la región, pero que debido a los retrasos en los pagos se ven obligados a trasladarse a otras áreas del país, perpetuando la carencia y el olvido histórico de La Guajira.
