Durante la tercera inspección judicial de la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informó que atiende a más de 2.600 comunidades y 139.000 familias del pueblo wayuu en los municipios de La Guajira priorizados por la Sentencia T-302 de 2017.
La información fue presentada durante la participación de la entidad en la tercera inspección judicial adelantada por la Corte Constitucional para verificar el cumplimiento de esta sentencia, orientada a garantizar los derechos fundamentales de la niñez wayuu.

Según explicó el ICBF a los líderes y autoridades tradicionales, la atención brindada busca contribuir a la garantía del derecho a la alimentación y a la prevención de la desnutrición entre los niños, niñas y adolescentes del departamento.
Durante el recorrido, el acceso al agua potable fue uno de los asuntos centrales abordados con las comunidades, debido a su importancia para la preparación y el consumo de alimentos, así como para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria en los territorios.

Las comunidades wayuu también plantearon la necesidad de recuperar las prácticas de siembra, fortalecer los proyectos productivos y preservar los saberes artesanales. Asimismo, solicitaron continuar avanzando en respuestas institucionales frente a las necesidades de salud y nutrición, teniendo en cuenta las condiciones y dinámicas propias de cada territorio.
La inspección judicial se desarrolló durante tres días y comenzó en Riohacha, en la comunidad Tocoromana, perteneciente al Resguardo Indígena Perratpu y Romonero. Posteriormente, el recorrido continuó hacia la Alta Guajira y llegó a Jojoncito y Carrizal, en jurisdicción de Uribia.

La comisión también visitó las comunidades de Wimpiralein y Kachuerramana; la Pila Pública Casa Azul, en el sector de Lamana, municipio de Manaure; y el asentamiento La Pista, en Maicao.
De acuerdo con el ICBF, los encuentros con las autoridades y comunidades permitieron conocer sus experiencias, revisar los avances alcanzados y profundizar en la articulación entre las instituciones encargadas de garantizar los derechos de la niñez, la adolescencia y las familias wayuu.







