En La Guajira se identificaron dinámicas de control territorial, extorsión, desplazamientos y amenazas contra este sector.
En articulación con la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la organización Caribe Afirmativo, se llevó a cabo en Barranquilla (Atlántico) la Mesa de Seguridad y Protección para la garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+ en el Caribe colombiano, un espacio de análisis y articulación institucional frente a los impactos de las violencias por prejuicio y el fortalecimiento de estrategias de seguridad y protección ante su incremento en la región.
La realización de esta mesa responde a las recomendaciones emitidas en 2024, en las que se alertó que más del 70 % del territorio nacional se encuentra bajo influencia de estructuras armadas ilegales. En este contexto de violencia generalizada, se identificó que los departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar y Córdoba presentan dinámicas de control territorial, extorsión, desplazamientos y amenazas, afectando gravemente la vida y seguridad de las comunidades, especialmente de liderazgos sociales, defensores de derechos humanos y personas LGBTIQ+.
“La región Caribe ha sido escenario de diversas manifestaciones de violencia, como panfletos con mensajes de odio, amenazas directas contra personas LGBTIQ+, homicidios selectivos y restricciones a la movilidad impuestas por estructuras armadas bajo la lógica de la ‘limpieza social’. Este patrón evidencia una violencia sistemática y discriminatoria contra esta población, que se suma a los impactos estructurales del conflicto armado”, afirmó la Defensoría del Pueblo.
Durante el desarrollo de la mesa, representantes de organizaciones sociales y entidades del orden nacional y territorial debatieron sobre las rutas de protección, los desafíos de la política pública LGBTIQ+ y las estrategias de prevención y atención de riesgos, con un enfoque territorial y diferencial para el Caribe.
El espacio reafirmó la necesidad de garantizar respuestas institucionales integrales y coordinadas, que fortalezcan la presencia del Estado en los territorios, promuevan la participación activa de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, y aseguren la no repetición de las violencias y el acceso a la justicia en condiciones de dignidad, respeto e igualdad de derechos.
