Para salvaguardar su vida e integridad, 80 familias de la etnia wiwa tuvieron que desplazarse desde la vereda El Limón (jurisdicción del corregimiento Tomarrazón, de Riohacha, La Guajira) hasta el sitio conocido como Las Piedras, de la vereda Las Casitas (municipio de Barrancas, en el mismo departamento).
Según la Defensoría del Pueblo, el desplazamiento forzado se debió a enfrentamientos armados entre integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) y miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que comenzaron en la madrugada del sábado, 24 de febrero, organizaciones al margen de la ley que se disputan el control de varios territorios del norte del país.
“Hay zozobra entre las comunidades étnicas y campesinas por la agudización del conflicto armado en distintas zonas de La Guajira. Por lo que es imperativo convocar el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición Ampliado no solamente para Riohacha, también para San Juan del Cesar y Dibulla”, es el llamado del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Añadió el Defensor que “es analizar la cruda situación que tiene en riesgo a la población civil para garantizar e implementar de manera rápida y efectiva las acciones necesarias que prevengan, protejan y atiendan a los pobladores”.
A su vez, reveló la Defensoría que la institucionalidad gubernamental y la fuerza pública deben, particularmente, brindarles seguridad a los habitantes de las veredas Barcino, Ulago y Sabanangrande, y a las comunidades indígenas de los caseríos El Machín, La Peña de Los Indios, Achintukua, La Loma del Potrero, Sabana Joaquina y Siminke (todos son territorios de San Juan del Cesar). Como también a quienes residen en El Caney y La Cueva (en Dibulla) y en las veredas Guamaca y La Laguna (de Riohacha).
Igualmente, están en riesgo, por cuenta de los combates, los moradores de las veredas Potrerito, del municipio de Fonseca, y Limoncito, del municipio de Maicao.
El panorama de violencia fue advertido por la Defensoría
El accionar violento de las AGC y las ACSN fue puesto en conocimiento por la institución nacional de derechos humanos, a través de la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 025 del 2023, con la que dio cuenta de las disputas territoriales que tienen en inminente peligro a la comunidad.
“Minimizar los riesgos para salvaguardar la vida de las poblaciones que quedan en medio del conflicto es preponderante en este momento. Máxime que con la Alerta Temprana formulamos una serie de recomendaciones para que, como propósito principal, fueran contenidos los homicidios selectivos y colectivos, las amenazas y extorsiones de las que aún son víctimas las comunidades y los comerciantes”, enfatizó Carlos Camargo Assis.
