En seis de las siete comunidades visitadas no hay servicio de agua potable.
En seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional que busca proteger derechos fundamentales a la población wayuu en La Guajira, la Defensoría del Pueblo evidenció omisiones a lo estipulado por el Alto Tribunal y aspectos por mejorar en la atención de los derechos al agua, alimentación, salud y de la infancia.
En la jornada realizada en área rural de Riohacha, Manaure y Maicao, el equipo de servidores y servidoras de la Delegada de Derechos Colectivos y del Medio Ambiente, identificó que: “en seis de las siete comunidades visitadas no hay servicio de agua potable. Además, no se evidenció la implementación de programas de seguridad alimentaria o proyectos productivos, situación que vulnera el derecho humano a la alimentación de las niñas y los niños, haciendo que persistan las condiciones desfavorables para la niñez wayuu”.
Asimismo, “de acuerdo con el testimonio de las autoridades y a lo observado en terreno, ni la Alcaldía municipal ni la Gobernación han implementado proyectos productivos ni capacitación a las comunidades. Los avances en ese sentido se han logrado especialmente gracias a cooperación internacional”.
A su vez, detalló el informe de la Defensoría que “el diálogo con las comunidades sugiere que el objetivo real de la atención a la primera infancia no ha sido socializado efectivamente por parte del ICBF. Esto ocurre tanto en la modalidad propia e intercultural, (que busca garantizar el servicio de educación inicial a niñas y niños en primera infancia y mujeres gestantes, respondiendo a las características propias de sus territorios), como en el pilotaje de atención integral para mujeres gestantes, primera infancia, infancia, adolescencia y familias del pueblo wayuu en territorios ancestrales”.
Existe un acceso relativamente fluido a vías de transporte alrededor de las zonas visitadas. Sin embargo, durante el invierno hay sectores que quedan incomunicados, haciendo imposible salir a comprar enseres, acudir a citas médicas o que los niños y niñas acudan a las aulas ubicadas en la ciudad de Riohacha.
Hasta el momento, una sola de las comunidades verificadas, denominada Cachaca I, es la que más se aproxima a un nivel aceptable de garantía de derechos fundamentales, pues tiene acceso a agua potable y proyectos productivos, y en ella parece haber satisfacción con la modalidad de pilotaje del ICBF.
“La Defensoría del Pueblo continuará acompañando a los habitantes del territorio, con el fin de asegurar la protección de sus derechos, y espera que la garantía de acceso a los mismos sea la norma, y no la excepción, en las comunidades de la Alta Guajira”, informó.
