Se encuentran en especial vulnerabilidad los resguardos indígenas de la Alta y Media Guajira, Okochi y Wopumuin Junain Maikou, del pueblo Wayúu.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 013 de 2026 ante el grave riesgo que enfrenta la población civil de Maicao por la expansión territorial de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), organización que busca consolidar el control sobre corredores estratégicos y economías ilícitas en esta zona fronteriza de La Guajira.
Según el organismo, el escenario de riesgo se configura por la presencia y confrontación de diversos actores armados ilegales. La alerta advierte sobre la intención de las ACSN de fortalecer su presencia en el casco urbano y en los corregimientos de Carraipía, La Majayura y Paraguachón, situación que genera tensiones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo que históricamente ha mantenido influencia en sectores rurales del municipio. También se encuentran en situación de vulnerabilidad los resguardos indígenas Alta y Media Guajira, Okochi y Wopumuin Junain Maikou, pertenecientes al pueblo Wayúu.
La Defensoría identificó además un segundo foco de riesgo en el corregimiento de Paraguachón, donde el ELN y la disidencia conocida como Segunda Marquetalia mantienen una coexistencia marcada por el control fragmentado de pasos fronterizos informales o “trochas”, utilizadas para el tránsito de economías ilegales. Entre estos corredores figuran sectores conocidos como La 80 y La Cortica.
En el área urbana de Maicao persiste igualmente una disputa entre estructuras de criminalidad organizada como ‘Los Rafita’ y ‘Los Payasos’, a la que recientemente se habría sumado ‘La Banda del Oso’, aumentando la complejidad de la situación de seguridad en el municipio.
La entidad advirtió que la presencia de estos grupos podría derivar en procesos de subordinación o tercerización de actividades ilícitas, incrementando los riesgos para la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de la población tanto urbana como rural. Asimismo, recordó que la condición fronteriza de Maicao ha favorecido históricamente la presencia de organizaciones ilegales con capacidad para ejercer control territorial y social.
Violencia y control social
La Defensoría señaló que durante 2026 se han registrado hechos de violencia que evidencian la gravedad del panorama. Entre ellos se encuentran el homicidio de cinco jóvenes ocurrido el 9 de enero en el barrio Altos de Parrantial y la masacre registrada el 12 de abril en Villa Mery, donde fueron asesinadas cinco personas, incluidos dos menores de edad.
A estos hechos se suman la circulación de videos intimidatorios en redes sociales, en los que se exhiben actos de tortura y confesiones forzadas, utilizados como mecanismos de control y disciplina social.
El informe advierte que los grupos armados ilegales y las estructuras criminales han venido imponiendo una especie de gobernanza armada ilegal mediante la regulación de la vida cotidiana, el cobro de extorsiones a comerciantes y mototaxistas, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de comportamiento en distintos sectores del municipio.
Poblaciones en mayor riesgo
La alerta destaca que el pueblo Wayúu se encuentra entre los sectores más afectados debido a la presencia de actores armados en sus territorios ancestrales. Asimismo, niños, niñas y adolescentes enfrentan un alto riesgo de reclutamiento y utilización en actividades relacionadas con economías ilegales.
La población migrante, líderes sociales y defensores de derechos humanos también figuran entre los grupos más vulnerables, debido a amenazas, estigmatización, desplazamientos forzados y otras formas de violencia.
Recomendaciones urgentes
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 18 recomendaciones dirigidas a entidades del orden nacional, departamental y local, entre ellas los ministerios del Interior y Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de La Guajira y la Fuerza Pública.
Las recomendaciones también involucran a la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad para las Víctimas y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y protección.
Las medidas planteadas buscan contener la amenaza, prevenir el reclutamiento de menores de edad, garantizar la protección colectiva de las comunidades étnicas y reforzar las investigaciones judiciales para desarticular las estructuras criminales que operan en Maicao.
