La Corpoguajira negó la licencia ambiental solicitada por la empresa Best Coal Company S.A.S. para el desarrollo del Proyecto Minero Cañaverales, que pretendía ejecutarse en jurisdicción de los municipios de Fonseca y San Juan del Cesar, al sur del departamento.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución No. 3425 del 26 de diciembre de 2025, tras un extenso trámite administrativo que incluyó la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), visitas técnicas de verificación en campo, conceptos de entidades especializadas como el IDEAM, el Servicio Geológico Colombiano y el Instituto Alexander von Humboldt, así como la realización de una Audiencia Pública Ambiental con amplia participación ciudadana.
De acuerdo con el acto administrativo, el grupo técnico evaluador de Corpoguajira concluyó que el proyecto no es ambientalmente viable, al advertir riesgos significativos sobre los componentes abiótico, biótico y socioeconómico del área de influencia, además de la superposición con determinantes ambientales relevantes del territorio.
Asimismo, se determinó que el proyecto generaría un alto impacto ambiental y presenta superposición sobre zonas con objetivos de conservación y protección de los recursos naturales renovables, previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca (POMCA) del Río Ranchería.
La autoridad ambiental tuvo en cuenta que el Manantial de Cañaverales es un ecosistema estratégico y un nacimiento de agua que abastece el consumo humano y doméstico de la población, protegido por el artículo 79 de la Constitución Política. Además, este ecosistema cuenta con la figura de Reserva Forestal Protectora (RFP), declarada por Corpoguajira mediante el Acuerdo No. 014 del 17 de mayo de 2012.
Uno de los aspectos centrales del análisis fue la compleja situación relacionada con la consulta previa a comunidades negras, proceso marcado por múltiples actuaciones judiciales, acciones de tutela y órdenes de distintos despachos, sin que se lograra consolidar un escenario que garantizara plenamente los derechos de participación de las comunidades potencialmente afectadas.
Durante el trámite, Corpoguajira reconoció como terceros intervinientes a consejos comunitarios, organizaciones sociales, académicas y ambientales, así como a ciudadanos que expresaron sus preocupaciones por los posibles impactos del proyecto sobre el agua, la biodiversidad, el territorio y los medios de vida locales. Estas observaciones fueron planteadas en una reunión informativa y en una audiencia pública realizadas este año en el municipio de San Juan del Cesar. La autoridad ambiental precisó que, si bien el solicitante cumplió formalmente con los requisitos documentales exigidos por el Decreto 1076 de 2015, el análisis integral del EIA y de los insumos técnicos y sociales recopilados no permitió concluir que el proyecto garantizara un manejo ambiental adecuado, ni que los impactos identificados pudieran prevenirse, mitigarse o compensarse de manera suficiente
