La entidad alerta por el riesgo que enfrentan sus equipos en territorio guajiro.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) denunció un nuevo caso de hurto contra uno de sus Equipos Móviles de Protección en el departamento de La Guajira. El hecho ocurrió el pasado 14 de julio en el asentamiento Aeropuerto 1 del municipio de Uribia, donde funcionarios del Instituto fueron interceptados y despojados de sus pertenencias y del vehículo en el que se desplazaban.
Según el reporte, alrededor de las 2:00 de la tarde, una psicóloga, una trabajadora social, una nutricionista y el conductor del equipo concluían su jornada de acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad cuando fueron abordados por hombres armados que se movilizaban en tres motocicletas. Bajo amenazas, los hicieron descender del vehículo institucional, una camioneta blanca 4×4 de placas EYX 827, perteneciente a la empresa contratista de transporte, y procedieron a hurtar pertenencias personales, kits de atención, documentación institucional y el automotor.
El ICBF alertó que este caso se suma a una serie de ataques contra sus equipos en el departamento. En 2025 ya se han registrado dos robos de vehículos utilizados para la labor social: el más reciente en Uribia y otro ocurrido el mes pasado en Barrancas. A estos se suman tres hurtos adicionales cometidos en 2024: dos en Maicao y uno en Barrancas.
El Instituto advirtió que estos hechos configuran un patrón de riesgo que pone en peligro la labor institucional y la protección integral de la infancia, la adolescencia y las familias guajiras. Además, expresó su preocupación por la sustracción de documentación que contiene información sensible sobre los hogares atendidos.
El ICBF informó que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes y solicitó una actuación pronta para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y recuperar tanto el vehículo como los elementos sustraídos.
La entidad reiteró el llamado urgente a las autoridades locales, departamentales y a las entidades garantes de derechos humanos para que se fortalezcan las medidas de seguridad que permitan a sus equipos desarrollar su labor en condiciones seguras en el territorio.
