Con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo del territorio, en cabeza de Nayke Pimienta Reverol.
La Defensoría del Pueblo socializó la Sentencia 2023-00036-00 del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, mediante la cual se reconoce como sujetos de reparación colectiva a las comunidades Wayuu de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha.
De acuerdo con la entidad, la decisión judicial reconoce las afectaciones ocasionadas por el conflicto armado al territorio y a la vida comunitaria de estas poblaciones, estableciendo medidas orientadas a garantizar sus derechos y avanzar en su proceso de reparación integral.
Durante la jornada de socialización, funcionarios de la Defensoría explicaron el alcance del fallo en lengua materna del pueblo Wayuu, con el propósito de garantizar una comprensión adecuada de la sentencia por parte de las comunidades.
Además, brindaron atención colectiva e individual a las víctimas y atendieron sus inquietudes sobre la implementación de las medidas contempladas en la providencia.
La actividad hace parte del cumplimiento de las órdenes impartidas por el Tribunal y busca fortalecer la participación de las comunidades beneficiarias en el proceso de reparación colectiva, promoviendo el acceso a la información y el acompañamiento institucional durante las distintas etapas de ejecución del fallo.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo reiteró que la reparación colectiva no solo contempla medidas de restitución y reconocimiento, sino también acciones encaminadas a la reconstrucción del tejido social, el fortalecimiento de las autoridades tradicionales y la preservación de las prácticas culturales del pueblo Wayuu, afectadas por las dinámicas del conflicto armado.
La entidad señaló que continuará acompañando a las comunidades beneficiarias y a las instituciones responsables para garantizar el cumplimiento de las medidas ordenadas en la sentencia.
Este seguimiento busca asegurar que los compromisos adquiridos se traduzcan en acciones concretas que contribuyan a la reparación integral, la garantía de no repetición y la protección efectiva de los derechos de las víctimas en La Guajira.
