La comunidad radicó una denuncia penal contra funcionarios de la Alcaldía de Maicao por presuntos actos de prevaricato y desconocimiento de su autoridad ancestral.
La comunidad indígena wayuu Tolinchimana, ubicada en el resguardo de la Media y Alta Guajira, denunció públicamente presuntas actuaciones irregulares por parte de funcionarios de la Dirección Étnica de la Alcaldía de Maicao, quienes, según la comunidad, habrían vulnerado su autonomía y derecho a la libre determinación como pueblo indígena.
La denuncia penal fue interpuesta por Miguel Epieyú, autoridad ancestral y tradicional de Tolinchimana, junto a la comunidad en pleno, contra los funcionarios Juan Carlos Apshana Jusayu (director étnico) y Reyes Esther Cotes Iguarán (asesora), por presuntos actos de prevaricato por omisión y acción. Según explicaron, estos funcionarios habrían desconocido las decisiones adoptadas en asamblea autónoma, donde se ratificó el cambio de autoridad tradicional conforme al derecho propio, la cosmovisión y las costumbres del pueblo wayuu.
De acuerdo con el relato comunitario, durante las asambleas realizadas entre abril y septiembre de 2025, los funcionarios habrían actuado de manera arbitraria, autoritaria y discriminatoria, intentando imponer decisiones contrarias al mandato colectivo y favoreciendo intereses particulares. También denunciaron tratos denigrantes hacia mujeres y miembros del colectivo, además de una injerencia indebida en los asuntos internos de la comunidad.
En señal de rechazo y exigencia de respeto a sus derechos, la comunidad wayuu Tolinchimana realizó una marcha pacífica y un plantón frente a las sedes de la Fiscalía y la Procuraduría en la ciudad de Riohacha, donde finalmente radicaron la denuncia penal. Durante la jornada, reiteraron su exigencia de respeto a su autonomía, a sus decisiones legítimas y a la autoridad tradicional reconocida por el pueblo wayuu.
La comunidad recordó que la autonomía y el derecho propio indígena están protegidos por la Constitución Política de Colombia (artículos 246, 287 y 329), el Convenio 169 de la OIT y diversas sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas la T-387 de 2013, T-072 de 2021 y T-248 de 2024, que reafirman la libre determinación de los pueblos indígenas y la validez de sus estructuras tradicionales.
Finalmente, Tolinchimana hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que adelanten una investigación rigurosa, imparcial y con enfoque étnico, que garantice la protección de sus derechos colectivos y la integridad de sus autoridades legítimas.
“La voz de los pueblos indígenas debe ser respetada. La libre determinación no es una concesión del Estado, es un derecho ancestral que debe ser protegido y garantizado”, expresó la autoridad tradicional de Tolinchimana.
