La Procuraduría General de la Nación convocó una mesa de trabajo en La Guajira, con el fin de verificar el estado actual de la prestación del servicio esencial de bomberos en los municipios del departamento, teniendo en cuenta la coexistencia de dos declaratorias de situación de desastre nacional y la necesidad de contar con capacidades de respuesta por parte de estas entidades territoriales.
Ante la situación crítica que presenta el departamento, el ente de control citó a la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, el Ministerio del Interior, la Gobernación de La Guajira y la Delegación Departamental de Bomberos, con el fin de recordar las obligaciones legales en materia de financiación del servicio y generar alternativas para hacer efectiva la prestación de este servicio esencial en todos los municipios de la jurisdicción.
En esta mesa, se presentaron los equipos y condiciones mínimas que necesita un cuerpo de bomberos para su operación frente a su baja financiación, el estado actual de la prestación de este servicio por parte de los municipios del Departamento de La Guajira, y la necesidad de fortalecer a los cuerpos de bomberos como primeros organismos de respuesta ante los efectos de los fenómenos climáticos de El Niño y La Niña que tanto han afectado a las comunidades de esta jurisdicción.
La Procuraduría alertó sobre las precarias condiciones de prestación de este servicio esencial en el Departamento, en el cual más del 70% de los municipios no cuentan a la fecha con contratos o convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios, y quienes no han suscrito no garantizan la continuidad y suficiencia financiera necesaria para prestar un servicio eficiente. Además, se señaló que solo cinco de los quince municipios cuentan a la fecha con convenio con los cuerpos de bomberos voluntarios para la prestación de este servicio esencial.
El organismo de control hizo un llamado al señor Gobernador para que se de cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1575 de 2012, concurriendo en la financiación del servicio a los municipios que cuentan con una población inferior a los 20.000 habitantes. Así mismo, para que las inversiones que se adelanten no solo tengan en cuenta la construcción de estaciones, sino también la operatividad y aumento de las capacidades de respuesta de estos organismos de socorro.
En el marco de este encuentro, la Procuraduría instó a los mandatarios locales para que adopten medidas alternativas que les permitan garantizar la gestión del riesgo contra incendios y atención de emergencias tales como los esquemas asociativos establecidos en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley 1454 de 2011), que permite a las entidades territoriales asociarse con el fin de prestar servicios públicos y beneficiarse de la financiación de proyectos conjuntos a través del Sistema General de Regalías.
