Alcalde de Maicao, Miguel Felipe Aragón González, participó junto con funcionarios de su administración, en la mesa técnica liderada por la Procuraduría General de la Nación en el municipio, de la que también hizo parte el director Nacional de Migración Colombia Fernando García Manosalva; la cancillería y el gobernador de La Guajira Jairo Aguilar Deluque.
El objetivo de este encuentro es conocer lo adelantado por anteriores gobiernos locales y establecer rutas de acción que permitan la atención eficiente en educación, salud, servicios públicos y primera infancia a más de 12 mil migrantes irregulares asentados en el sector conocido como La Pista, en este municipio fronterizo.
“Llevamos a cabo una importante mesa de trabajo con entes del orden nacional, regional y local, buscando soluciones para la población migrante y retornada que se encuentra ubicada en el asentamiento La Pista. Escuchamos a las autoridades y haremos seguimiento a los compromisos que se adquirieron, especialmente al censo que desarrollará la alcaldía con apoyo del Ministerio del Interior y la solución a la legalización del predio, una tarea que vamos a acompañar desde la Procuraduría a la Administración Municipal ante el Ministerio de Vivienda para la pronta solución” anunció Javier Sarmiento, delegado de Derechos Humanos de la PGN.
El mandatario local señaló que este fue un escenario en el que pudieron compartir y exponer la situación que sucede en La Pista y otros asentamientos de migrantes en Maicao. “Uno de los compromisos que tenemos es la actualización del POT porque es importante definir si se identifican dos líneas de atención en las que podamos establecer si se reubica a los moradores del sector o legalizamos el predio que permita una serie de intervenciones para mejorar la calidad de vida del asentamiento y barrios aledaños, lo que significa que, si se atiende en materias de servicios públicos, se atacarían dos frentes: un problema social y otro de salud pública. Iniciamos con la caracterización que pueda desprender lineamientos claros para atender a esta población”.
Además de diagnosticar el estado actual de la atención a la población migrante, el Ministerio Público verificará las acciones desplegadas por los entes territoriales y determinar si hay o no, incumplimientos en gobiernos anteriores que ameriten la apertura de acciones disciplinarias.
