El fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico obliga a la CREG a ajustar la fórmula tarifaria, lo que se traduce en una reducción del costo de la energía para más de 2,7 millones de usuarios, incluidos los del departamento de La Guajira.
Una decisión judicial de alto impacto social y económico se conoció recientemente tras el fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró fundada una acción popular presentada por los personeros de Riohacha, Barranquilla y Santa Marta. La medida ordena eliminar el régimen tarifario especial que se aplicaba desde 2019 en la región Caribe, el cual afectaba significativamente a los usuarios del servicio de energía eléctrica.
El personero distrital de Riohacha, Yeison Deluque, fue uno de los tres funcionarios que lideraron esta acción judicial, sustentando los efectos desproporcionados del esquema tarifario sobre las familias más vulnerables del territorio. Según lo dispuesto en el fallo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) deberá ajustar el componente de comercialización, lo que ya se traduce en una disminución estimada de 54 pesos por kilovatio hora para los usuarios de Air-e, y un ahorro cercano al billón de pesos anuales a nivel nacional.
“La decisión representa una victoria para los usuarios y una muestra de que sí es posible defender los derechos desde lo jurídico. Desde Riohacha contribuimos a que se revise un modelo tarifario que castigaba de forma injusta a toda la Costa Caribe”, expresó Yeison Deluque, quien además agradeció el respaldo técnico y jurídico de instituciones aliadas que acompañaron el proceso.
Entre los puntos más relevantes del fallo se encuentra la eliminación de cobros asociados a pérdidas no técnicas —como el robo de energía— y el sobrecosto en gastos de administración y operación. Asimismo, se excluye el aumento del 20% por concepto de cartera, uno de los cargos más controvertidos en la estructura tarifaria vigente.
El pronunciamiento judicial también contempla medidas adicionales que la CREG debe implementar para garantizar la equidad en el servicio, como flexibilización de inversiones, subastas de energía firme, revisión del cargo por confiabilidad y nuevas reglas de contratación a largo plazo.
Con esta decisión, se marca un precedente importante en la defensa del derecho a un servicio público asequible y digno, y se reconoce la labor de funcionarios territoriales como el personero de Riohacha, cuya intervención ha tenido efectos concretos en la vida de miles de guajiros y costeños.
