Para mejorar el acceso a servicios médicos básicos en zonas urbanas y rurales.
El Ministerio de Salud y Protección Social reconoció oficialmente los retrasos e incumplimientos en la construcción de 25 Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) en el departamento de La Guajira, proyectos que tenían como objetivo mejorar el acceso a servicios médicos básicos en zonas urbanas y rurales de esa región del país. 
Según la entidad, las obras estuvieron a cargo de la Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial (Enterritorio), vinculada al Ministerio de Hacienda, bajo un contrato interadministrativo suscrito en abril de 2024 para construir los CAPS en diez municipios guajiros, que beneficiarían a cerca de 400.000 habitantes.
Tras analizar los avances, el Ministerio de Salud determinó que 12 proyectos no registran ejecución alguna, nueve alcanzaron apenas un 8 % de avance y cuatro ni siquiera llegaron a la firma de contrato con los contratistas, por lo que las metas de construcción quedaron ampliamente incumplidas. 
Ante los hallazgos, la cartera sanitaria declaró el incumplimiento del contrato y sancionó a Enterritorio con más de $1.640 millones, según la Resolución 1967 de 2025, monto que ya fue cancelado por la entidad sancionada. 
Como parte del proceso de cierre del convenio, cuyo plazo venció el 14 de noviembre de 2025, la cartera manifestó que no prorrogó la ejecución del contrato pese a la solicitud de extenderlo por 18 meses y ha solicitado la devolución de los recursos girados a la fiducia del contrato (Fiducoldex).
El Ministerio también admitió que se giraron aproximadamente $16.000 millones a la fiducia, monto consignado en el marco del contrato y que no fue entregado directamente a contratistas. Este valor, explicó la entidad, será reintegrado al tesoro nacional una vez culminado el proceso de liquidación de la fiducia y del contrato. 
La congresista Catherine Juvinao ha señalado que esos recursos están “embolatados” y reclamó mayores explicaciones al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, especialmente en el contexto de la sentencia T-302 que cobija a municipios como Maicao, Uribia, Manaure y Ríohacha.
