El pasado sábado 7 de junio, el senador y precandidato presidencial del partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, fue víctima de un atentado armado mientras participaba en un acto público en el parque Modelo del barrio Modelia, en la ciudad de Bogotá.
Según información oficial, el ataque fue perpetrado por un menor de edad, de entre 14 y 15 años, quien accionó un arma de fuego tipo Glock calibre 9 mm en al menos tres oportunidades. El senador fue impactado por dos proyectiles en la cabeza —uno en el cráneo y otro en el cuello— y un tercero en una de sus rodillas. Inmediatamente fue trasladado al Centro Médico Engativá y posteriormente remitido a la Fundación Santa Fe, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia. Su estado de salud continúa siendo crítico y bajo estricta observación médica.
Durante el ataque también resultaron heridos un hombre de 20 años y una mujer de 36, quienes se encontraban entre el público. El agresor fue capturado en el lugar de los hechos por el personal de seguridad y la Policía, tras intentar huir. El menor permanece bajo custodia de las autoridades y fue presentado ante un juez de infancia y adolescencia.
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación, anunció una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos por información que permita identificar a los autores intelectuales del atentado. También se ha convocado un consejo de seguridad extraordinario para evaluar el impacto de este hecho, que ha sido calificado como un ataque directo contra la democracia.
Desde distintos sectores políticos se han emitido pronunciamientos de rechazo, incluido el del presidente Gustavo Petro, quien calificó el atentado como un hecho grave que atenta contra las libertades políticas en el país. En redes sociales, miles de ciudadanos han expresado su solidaridad con Miguel Uribe Turbay y su familia, mientras se espera un parte médico oficial que actualice su estado.
El atentado ha generado preocupación nacional y reavivado el debate sobre la violencia política en Colombia, especialmente en un contexto de polarización creciente y de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Las investigaciones continúan para esclarecer si el ataque fue producto de una acción aislada o si responde a una estructura criminal organizada.
