La abogada y trabajadora social guajira solicita la protección de sus derechos.
La abogada y trabajadora social María Isabel Cabarcas Aguilar, aspirante al cargo de gerente del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de La Guajira, interpuso acción de tutela contra el Consejo Departamental de Cultura de La Guajira y la Dirección de Cultura, Juventud y Género de La Guajira, en el marco de la convocatoria pública para la escogencia del nuevo gerente de la entidad.
La acción constitucional busca la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, que considera vulnerados durante la etapa de preselección.
De acuerdo con el documento radicado ante juez constitucional, la exclusión de su hoja de vida obedeció a la supuesta no presentación del certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). Sin embargo, la aspirante sostiene que dicho documento fue aportado oportunamente dentro del paquete de requisitos entregados antes del cierre de la convocatoria.
Asimismo, argumenta que la Ley 2097 de 2021 establece que la verificación del REDAM constituye una carga exclusiva del Estado y que, en caso de imposibilidad de consulta, debe interpretarse en favor del ciudadano.
La tutela también señala un presunto trato desigual en el proceso de evaluación. Según el acta de preselección, a otros aspirantes se les permitió la verificación en línea o la subsanación de documentos considerados faltantes, situación que, según expone la accionante, no se aplicó en su caso.
Bajo esta premisa, la acción judicial no solo cuestiona su exclusión individual, sino que plantea un debate de fondo sobre los principios de selección objetiva, transparencia y legalidad que deben regir toda convocatoria pública.
Como medida provisional, la solicitud elevada ante el despacho judicial pide la suspensión temporal del proceso mientras se resuelve de fondo la presunta vulneración de derechos fundamentales, con el fin de evitar un perjuicio irremediable.
La controversia abre un escenario de discusión jurídica en el departamento sobre la aplicación uniforme de reglas y criterios para todos los participantes, el cumplimiento estricto del mandato legal que regula la verificación del REDAM y la garantía del debido proceso en igualdad de condiciones para los aspirantes.
María Isabel Cabarcas Aguilar manifestó su disposición de ampliar ante los medios de comunicación los argumentos jurídicos de la acción interpuesta y reiteró que su propósito es que el proceso se desarrolle bajo el principio de legalidad y transparencia total.
