En la sesión de seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017.
Manuel Pulido, de la Mesa de Diálogo y Concertación con el pueblo Wayuu, instó a fortalecer indicadores que identifiquen comunidades sin acceso a servicios esenciales para garantizar una distribución equitativa basada en planeación y desarrollo armónico.
Denunció que el Departamento Nacional de Estadística (DANE) no consultó a las figuras legítimas del pueblo wayuu en el censo y pidió que las prácticas estatales no interfieran en sus estructuras de gobierno.
Advirtió que los intereses personales no deben prevalecer sobre los colectivos y que no se pueden reconocer liderazgos sin límites comunitarios claros.
También alertó sobre la exclusión de autoridades de Riohacha en programas gubernamentales, como los del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y en materia de salud resaltó que es un error traducir el papel de las ouutsü.
Esto lo denunció el líder wayuu durante el segundo día de sesión, en el que intervinieron el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, presidente de la Sala Especial de Seguimiento a la T-302 de 2017; en compañía de la magistrada Paola Andrea Meneses M.; y el magistrado Vladimir Fernández A.
El presidente de la Sala Especial, magistrado José Fernando Reyes Cuartas, al inicio de la sesión técnica instó a fortalecer el diálogo entre las autoridades estatales y comunidades indígenas para abordar la proliferación ilegítima de autoridades y comunidades, que dificulta la implementación de acciones para superar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI).
Finalmente, en el marco de la diligencia intervienen: Orangel Gouriyú Delegado del Encuentro de Autoridades Tradicionales y Ancestrales Wayuu; Rusbel Palmar, integrante Wayuu del MESEPP; y Manuel Pulido Redondo, delegado del Diálogo y Concertación para el pueblo Wayuu.
