Edicion abril 22, 2025
CUBRIMOS TODA LA GUAJIRA

“La información debe fluir en doble vía: no solo desde el Estado hacia las comunidades, sino también desde estas hacia aquel para incidir en las políticas que afectan su bienestar”

Magistrado auxiliar Iván Escrucería, en sesión en el Palacio de Justicia en Riohacha, para verificar cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que obliga al Estado a atender a la población wayuu.
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Criticó la Corte Constitucional a entidades como el DANE y la Registraduría Nacional del Estado Civil

Un fuerte pronunciamiento realizó la Corte Constitucional en la sesión adelantada este jueves en el Palacio de Justicia de Riohacha para que entidades como el DANE y la Registraduría puedan identificar a la población wayuu.

Con esta premisa, las comunidades indígenas de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, pueden acceder a distintos beneficios por parte del gobierno nacional.

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Magistrado auxiliar Iván Escrucería, en sesión en el Palacio de Justicia en Riohacha, para verificar cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que obliga al Estado a atender a la población wayuu.
Magistrado auxiliar Iván Escrucería, en sesión en el Palacio de Justicia en Riohacha, para verificar cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que obliga al Estado a atender a la población wayuu.

“Para cerrar la sesión, el magistrado auxiliar Iván Escrucería resaltó que el derecho a la información no se reduce a la recolección y divulgación de datos. Su garantía exige estrategias que permitan a las comunidades acceder a información clara y adaptada a sus dinámicas culturales, cuestión que está íntimamente relacionada con el principio de publicidad. Asimismo, que permita emplearla para la toma de decisiones autónomas y participativas”.

Y añadió el magistrado auxiliar que “por ello, la información debe fluir en doble vía: no solo desde el Estado hacia las comunidades, sino también desde estas hacia aquel para incidir en las políticas que afectan su bienestar”.

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Durante el último segmento, las autoridades respondieron una serie de preguntas que realizaron las organizaciones indígenas, la ciudadanía, así como algunos cuestionamientos expresados por los magistrados auxiliares que presidieron la diligencia.

“La información debe fluir en doble vía: no solo desde el Estado hacia las comunidades, sino también desde estas hacia aquel para incidir en las políticas que afectan su bienestar”
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