En un comunicado sin precedentes, el abogado José Manuel Abuchaibe demanda un juicio político contra el presidente Gustavo Petro, alegando una violación de los topes de financiación electoral en 2022. Abuchaibe, destacando la omisión histórica del Congreso en utilizar el juicio político como mecanismo de control, critica la falta de acción ante pruebas suficientes que justificarían tal proceso. Según el jurista, esta actitud ha creado un fuero presidencial intocable que impide investigaciones profundas por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre las responsabilidades políticas de los presidentes.
La denuncia de Abuchaibe, basada en el artículo 109 de la Constitución, no busca sanciones penales sino establecer responsabilidades políticas por la supuesta violación de los límites de financiamiento. A pesar de sus esfuerzos y de presentar la denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, señala que su caso ha sido injustamente ignorado, y acusa al sistema de negar justicia y abusar de arbitrariedades.
El comunicado detalla cómo la investigación ha sido injustamente estancada y mezclada con procesos penales, en contra de las normas que regulan los juicios especiales del Congreso. Además, Abuchaibe critica el manejo del caso por la Representante Investigadora Olga Lucía Velásquez Nieto, quien no ha avanzado en la investigación conforme lo estipula la ley.
El abogado también menciona la investigación paralela del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la violación de los topes electorales, indicando que la Cámara de Representantes debería solicitar ese expediente para determinar la responsabilidad del presidente Petro. Critica el protagonismo político y las discrepancias dentro del Congreso, sugiriendo que estas actitudes podrían debilitar el Estado de derecho en Colombia.
Este llamado a juicio político contra el presidente Petro es un recordatorio de las tensiones y desafíos políticos en Colombia, subrayando la importancia de la transparencia, la legalidad y el respeto por el orden constitucional en la gobernanza del país.
