Inspectores de Policía del distrito de Riohacha alertaron sobre la falta de respuesta administrativa por parte de la Alcaldía Distrital frente a la implementación de la Ley 2492 de 2025, norma expedida por el Congreso de la República que establece medidas obligatorias para fortalecer las condiciones laborales, funcionales y administrativas de estos servidores públicos en todo el país.
De acuerdo con un pronunciamiento conocido por este medio, tanto el alcalde distrital Genaro Redondo Choles como el secretario general Julio Maya Márquez tendrían conocimiento pleno del alcance de esta ley. Sin embargo, pese a la radicación de comunicaciones formales ante el despacho del mandatario y la Secretaría General, no se ha emitido respuesta ni se han adelantado actuaciones administrativas encaminadas a su cumplimiento.
La Ley 2492 de 2025 ordena a las entidades territoriales adoptar medidas para fortalecer institucionalmente las inspecciones, mejorar las condiciones en las que operan y garantizar herramientas adecuadas para el ejercicio de sus funciones. La norma también dispone el cambio de denominación de “Inspectores de Policía” a “Inspectores de Convivencia y Paz”, con el objetivo de reforzar su papel en la convivencia ciudadana, la resolución pacífica de conflictos y el acceso a la justicia local.
Asimismo, la ley establece la obligación de adelantar procesos de adecuación administrativa, capacitación y fortalecimiento funcional, y fija plazos para que los entes territoriales ajusten su estructura institucional a las disposiciones legales.
Según el comunicado, la situación también fue puesta en conocimiento de la administración distrital por parte del sindicato de trabajadores de la Alcaldía de Riohacha, que solicitó formalmente la aplicación de la Ley 2492 de 2025 para los inspectores, sin que hasta la fecha exista un pronunciamiento oficial.
Los inspectores señalaron que la ausencia de respuestas evidencia una falta de compromiso institucional frente a funcionarios que cumplen funciones esenciales como autoridades de convivencia y justicia local, muchos de los cuales laboran con altas cargas funcionales, limitadas herramientas de trabajo y sin el respaldo administrativo que la ley ordena garantizar.
Finalmente, el pronunciamiento enfatiza que el cumplimiento de la Ley 2492 de 2025 no es una decisión discrecional, sino un deber constitucional de obligatorio acatamiento, y hace un llamado a la administración distrital para que adopte las medidas correspondientes en respeto del Estado de Derecho y del servicio que se presta a la ciudadanía.
