La propuesta fue presentada ante la Corte Constitucional durante una sesión técnica sobre la Sentencia T-302 de 2017.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presentó ante la Corte Constitucional varias propuestas para mejorar la atención a niñas, niños y adolescentes wayuu de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, y hacer seguimiento a los avances en el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017.
Las iniciativas fueron expuestas por la subdirectora general del ICBF, Silvia Catalina Uribe García, durante una sesión técnica convocada por la Corte mediante el Auto 1300 de 2026. El encuentro abordó la transparencia e imparcialidad en la asignación de beneficiarios y la selección de contratistas, así como la elaboración del Plan Estructural de Acción.
Entre las propuestas, Uribe planteó conectar los registros existentes mediante una línea base wayuu única e interoperable. Según explicó, esta herramienta permitiría identificar necesidades, vacíos de atención y posibles duplicidades. También propuso consolidar una matriz de seguimiento del Plan Estructural de Acción con responsables, recursos, plazos e indicadores, y fortalecer la presencia institucional directa en el territorio para asignar los servicios sin intermediarios y respetando la organización propia del pueblo wayuu.
Frente a la desnutrición y la mortalidad infantil, la funcionaria planteó una ruta integral que incluya detección temprana, seguimiento continuo de cada caso y coordinación con las autoridades sanitarias y territoriales. También propuso una metodología de seguimiento judicial para establecer si mejoran el acceso al agua, las condiciones nutricionales y la atención oportuna.
La subdirectora sostuvo que el cumplimiento de la sentencia debe reflejarse en cambios verificables en las condiciones de vida de la población, incluida la disminución progresiva de la desnutrición y la eliminación de la mortalidad infantil.
Al responder preguntas sobre la focalización de beneficiarios, la representación comunitaria y el acceso de comunidades que no cuentan con vocero, Uribe afirmó que deben aplicarse criterios públicos y verificables, priorizar a quienes enfrentan mayores riesgos y mantener registradas las comunidades pendientes de atención. “Tener un vocero no es un requisito para acceder a los servicios del Estado”, señaló.
Sobre posibles duplicidades y concentración de recursos, explicó que el ICBF puede identificar cruces dentro de sus propios servicios, pero que para detectar desequilibrios en el conjunto de la acción estatal se requiere compartir y cruzar información entre las entidades.
