El Gobierno Nacional eliminó formalmente una prima especial de servicios que durante más de una década beneficiaba a los congresistas, y que representaba ingresos mensuales por $16’914.540. La medida quedó oficializada en un decreto expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, fechado el 19 de enero.
Con este ajuste, la remuneración parlamentaria quedará compuesta únicamente por dos rubros: un sueldo básico de $12’455.244 y gastos de representación por $22’142.662. En total, un congresista que actualmente devenga alrededor de $52 millones mensuales pasaría a recibir cerca de $35,7 millones, una vez entre en vigencia la eliminación de la prima.
En el decreto se argumenta que la remuneración percibida por los legisladores “resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”. Además, sostiene que las medidas adoptadas responden a una senda de austeridad fiscal que “no afecta derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso particular de los congresistas”.
La prima no se eliminará inmediatamente. Aplicará para los parlamentarios que inicien periodo el 20 de julio de 2026, tras las elecciones legislativas de marzo del próximo año. La figura legal derogada había sido creada en 2013 durante el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, y sustituyó otros beneficios asociados a salud, localización y vivienda.
La decisión generó reacciones contrapuestas en el escenario político. La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, celebró la determinación: “Después de 18 proyectos y muchos años de lucha, por fin se logró bajar el salario de los congresistas. Esto no es un favor, es una medida mínima de equidad con los ciudadanos que son nuestros jefes”, afirmó.
En contraste, el senador Antonio Luis Zabaraín, de Cambio Radical, calificó la reducción como una decisión “populista en época electoral” y consideró que un ingreso mensual cercano a los $32 millones netos no constituye una remuneración adecuada para un congresista. “Si eso parece excesivo, comparemos con los salarios de otros altos funcionarios del Estado; entrar en estas disposiciones me parece inocuo”, sostuvo en declaraciones a W Radio.
La eliminación de la prima ocurre en un momento marcado por debates sobre inequidad salarial, austeridad pública y reformas institucionales, y se suma a las discusiones alrededor del financiamiento estatal en medio de un escenario económico de desaceleración e inflación persistente.
