El cual fue expedido por el presidente Gustavo Petro.
El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, expresó su desacuerdo con el decreto de Emergencia Económica expedido por el presidente Gustavo Petro, particularmente frente a las medidas tributarias contempladas en el Decreto 1474 de 2025 y disposiciones asociadas.
El mandatario departamental advirtió que el impuesto al consumo de licores y tabaco constituye una renta propia de los departamentos, la cual ha sido destinada históricamente a financiar servicios esenciales como la salud, la educación, el deporte y la atención de poblaciones vulnerables, entre ellas las comunidades indígenas wayúu.
Aguilar Deluque señaló que el traslado o la centralización de estos recaudos en el Gobierno Nacional, mediante el incremento de tarifas —como el aumento del IVA del 5 % al 19 % en bebidas alcohólicas de alto grado o mayores gravámenes al consumo—, representa una reducción significativa de los ingresos departamentales, genera riesgos de disminución del consumo, incentiva el contrabando y pone en peligro la sostenibilidad financiera del departamento.
Asimismo, sostuvo que estas disposiciones vulneran el principio de autonomía territorial y la descentralización fiscal, consagrados en los artículos 287, 288, 298 y 356 de la Constitución Política de Colombia. De igual forma, afirmó que el decreto excede los límites del artículo 215 constitucional, al no cumplir con los criterios de proporcionalidad, temporalidad y necesidad, e invadir competencias exclusivas de las entidades territoriales sin una justificación suficiente.
“La urgencia fiscal no puede ser un pretexto para desconocer el diseño constitucional del sistema tributario descentralizado ni para menoscabar la autonomía de los departamentos”, enfatizó el gobernador.
Finalmente, Aguilar Deluque aseguró que La Guajira defenderá los recursos que le corresponden para atender las necesidades de su población, en estricto respeto por las competencias constitucionales y el equilibrio de poderes. En ese sentido, indicó que el departamento permanecerá atento al pronunciamiento de la Corte Constitucional, instancia encargada de determinar la validez y aplicación de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.
