Recursos que debían ser destinados para la atención de la primera infancia y mujeres gestantes en wayuu de Riohacha y Manaure.
Actividades investigativas de la Fiscalía General de la Nación dejaron al descubierto un presunto entramado de corrupción que habría direccionado y apropiado recursos destinados a la atención de la primera infancia y mujeres gestantes de comunidades étnicas y rurales en Riohacha y Manaure.
Entre los señalados se encuentran los exfuncionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanquez y Jessica Karina Peñaranda Murgas; así como los particulares Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira, Pedro Pablo Romero Pinilla y Rosidis Barliza Rivera.
Según la investigación, las irregularidades estarían relacionadas con tres contratos suscritos entre febrero y diciembre de 2019 por la seccional La Guajira del ICBF, cuyo objetivo era la atención de población vulnerable, incluyendo el suministro de alimentos con enfoque diferencial.
Las evidencias indican que los exfuncionarios, en calidad de supervisores, habrían aprobado actas e informes que permitieron autorizar 12 pagos con presuntos sobrecostos a favor de la contratista representada por Barliza Rivera.
Dichos pagos se sustentaban en facturas y cuentas de cobro emitidas por supuestos proveedores de alimentos, quienes habrían registrado incrementos injustificados en los precios de productos como carnes, verduras y otros perecederos. Estos documentos, al parecer, fueron utilizados para inflar los informes financieros y gestionar desembolsos superiores a los realmente ejecutados.
Como resultado de estas maniobras, se habría generado un detrimento patrimonial que supera los 860 millones de pesos.
Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional La Guajira imputó a los implicados, según su presunta participación, los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
