El valor de este anticipo no amortizado fue de 854.814.170,50 pesos.
La Empresa de Servicios Públicos de La Guajira, Esepgua, decretó el embargo de un bien inmueble perteneciente a un integrante del Consorcio Choles y Comenejes 2015, responsable del contrato número 210 de 2015, cuyo objeto era la construcción del sistema de alcantarillado sanitario en los corregimientos de Choles y Comejenes, en el municipio de Riohacha.
De acuerdo con la entidad, la medida se adoptó debido a la no ejecución de las obras y al incumplimiento en el pago de las sanciones correspondientes, además del no reintegro de recursos públicos entregados como anticipo para el desarrollo del proyecto.
Según explicó la empresa, durante la etapa de ejecución del contrato se giró un anticipo con el fin de facilitar el desarrollo de las obras, conforme a lo establecido en las condiciones contractuales y en la normativa vigente.
Posteriormente, en diciembre de 2021, la administración temporal de agua potable y saneamiento básico elaboró un acta de cierre en la que se determinó que existía un saldo por concepto de anticipo no amortizado por un valor de 854.814.170,50 pesos, recursos que deben ser reintegrados a la Empresa de Servicios Públicos de La Guajira.
Ante esta situación, y en aplicación del principio de eficiencia administrativa y responsabilidad en la gestión fiscal, Esepgua adelantó las actuaciones necesarias para recuperar los recursos públicos y garantizar el adecuado cierre contractual.
La entidad señaló que, pese a las reiteradas solicitudes para el cumplimiento de las obligaciones y el pago de la sanción establecida, los responsables no atendieron los requerimientos, por lo que se procedió a iniciar el proceso de cobro coactivo, decretando el embargo del bien inmueble de uno de los integrantes del consorcio.
Con esta medida, Esepgua reiteró su compromiso con la protección de los recursos públicos y con la vigilancia de los contratos relacionados con los servicios de agua potable y saneamiento básico en el departamento, con el objetivo de garantizar que los recursos destinados a las comunidades de La Guajira se ejecuten con transparencia y responsabilidad.
