La no suscripción e inicio de la ejecución de contratos para dar cobertura a través del programa primera infancia a las comunidades Wayuu, en La Guajira, tienen en aprietos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF- luego que la Procuraduría hallará deficiencias en los procesos de selección de los operadores de este.
El Ministerio Público, en sus acciones preventivas, evidenció que el cambio de modelo para la atención integral de los wayuu en los municipios priorizados de Maicao, Uribia, Riohacha y Manaure ha ralentizado la contratación en la modalidad propia e intercultural con componente alimenticio de por lo menos 80 mil familias.
Otro de los tropiezos que ha encontrado el equipo de la procuradora Claudia Hernández, delegada segunda para la Vigilancia de la Función Pública, es que no hay un censo claro que permita determinar con certeza a cuántas comunidades, familias e individuos se les proporciona la atención.
En el mismo sentido se han evidenciado situaciones que deben ser objeto de análisis y revisión como los requisitos para los oferentes, la selección objetiva, los criterios aplicados y la implementación de invitaciones cerradas para la escogencia de los operadores.
Y es que pese a la Sentencia T-302 de 2017 que declara el estado de cosas inconstitucionales frente a la comunidad Wayuu, en La Guajira, los incumplimientos y abandono por parte del Gobierno Nacional se siguen dando en materia de salud y educación.
Ante la grave situación y queriendo evitar que la comunidad Wayuu quede desprotegida, el despacho de la procuradora Hernández citó para el próximo 20 de junio a la directora del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, para que informe sobre los planes adoptados para conjurar la problemática presentada.
