Se desarrolló la sesión técnica: ‘Diálogo sobre la imparcialidad y la transparencia en el cumplimiento de la T-302/17’, presidida por José Fernando Reyes Cuartas, presidente de la Corte y de la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia sobre protección a la niñez wayuu en La Guajira.
El presidente de la Corte estuvo junto a la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y el magistrado Vladimir Fernández Andrade.
De igual manera, a la diligencia judicial acudieron delegados de la Contraloría General, la Procuraduría General, la Fiscalía General, académicos, veedores representantes de la comunidad Wayuu, los alcaldes de Uribia, Maicao, Manaure, Riohacha, el Gobernador de La Guajira y superintendentes.
Cabe indicar que el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, llamó la atención sobre la importancia de cuidar los recursos públicos invertidos en el departamento de La Guajira. “El drama de La Guajira no admite más aplazamientos”, aseveró Reyes Cuartas.
Mientras que el gobernador de La Guajira, Jairo Alfonso Aguilar, por su parte aseguró que: “desde 2017, mediante documentos Conpes, se adoptó la medida correctiva de asunción temporal de la competencia de la prestación de los servicios de salud, educación, alimentación escolar, agua potable y saneamiento básico en el departamento, con el objetivo de asegurar la continuidad, cobertura y calidad de estos servicios, financiados con los recursos del Sistema de Participación Ciudadana”.
A su vez el alcalde de Riohacha, Genaro Redondo, precisó que “la falta de inventario de infraestructura en agua, educación, atención a la niñez, hacía difícil evitar que una inversión no se repitiera. Es importante tener el censo para evitar que una comunidad sea varias veces intervenida, mientras en otra no haya ninguna intervención”.
Por otro lado, John Pimienta Jusayu, alcalde de Manaure, resaltó qué “para la distribución de los recursos no se tiene conocimiento de cuántas comunidades hay en el municipio, dónde están ubicadas y cuál es la población actual de cada comunidad. En el censo de 2018, si bien se aportan de manera global las estadísticas, se presenta una alta omisión censal y sus resultados no permiten identificar localización geográfica, lo que impide utilizarlos como criterio de priorización”.
Empero, el alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García dijo que “uno de los principales inconvenientes que hemos encontrado es la estadística, la falta de información frente a la cantidad real de comunidades Wayuu bajo cobertura del municipio de Uribia. Tenemos reportadas 446 comunidades, pero de acuerdo al Ministerio del Interior existen 1874 comunidades, hay una discrepancia significativa”.
Y el alcalde de Maicao, Miguel Felipe Arango González, afirmó que “el municipio no cuenta con una política pública para implementar. No se evidencian ejes temáticos en el plan de desarrollo para atender el ECI (Estado de Cosas Inconstitucional)”.
El magistrado José Fernando Reyes Cuartas cerró la sesión técnica y concluyó que “cada muerte de un niño o de una niña de La Guajira es un homicidio por omisión. Alguien tiene que ver con esa muerte. Alguien tendría que responder. Tendría que haber una investigación penal por cada niño / niña muerto. Eso es muy grave. Cada muerte de un niño que no se puede valer por sí mismo para el derecho penal tiene un significado en esos términos”.
