En el marco de la VII Sesión Ordinaria del Consejo del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP), la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, destacó los avances en la atención a más de 125.000 familias wayuu en los municipios priorizados por la Sentencia T-302 de 2017 y reiteró que superar la crisis humanitaria en La Guajira requiere respuestas más allá del asistencialismo.
“La pregunta clave no es cuántos litros de agua se entregan, sino qué comunidades ya lograron tener agua potable, seguridad alimentaria, educación y salud básica. Ese es el verdadero indicador de avance”, señaló Cáceres, subrayando la necesidad de que las entidades de gobierno lleguen al territorio juntas y a tiempo.
Durante la jornada, la funcionaria resaltó la importancia de fortalecer el Comité de Emergencia Nutricional, articular esfuerzos con las EPS, la Superintendencia de Salud y los alcaldes, además de impulsar estrategias que permitan visibilizar los municipios que han logrado reducir la mortalidad infantil. También insistió en la urgencia de avanzar en un diálogo con las comunidades wayuu para transformar el modelo de atención social, garantizando corresponsabilidad y respuestas sostenibles que respeten la cultura y cosmovisión de este pueblo indígena.
El Ministerio de Salud presentó los avances de su trabajo articulado con Bienestar Familiar en territorios con alta vulnerabilidad materna, resaltando el seguimiento a gestantes, la atención a niños con bajo peso al nacer, la formación de promotores comunitarios y la identificación de comunidades sin acceso a agua ni cobertura institucional.
El encuentro fue presidido por la consejera presidencial para las Regiones, Luz María Múnera Medina, y contó con la participación del Ministerio del Interior, a través de su Dirección de Asuntos Étnicos, que presentó el protocolo Ologa Puzianas —traducido como “Solicitud de ayuda, palabras de consejo”—, una práctica ancestral wayuu que será incorporada para garantizar que las políticas públicas respeten la gobernanza y visión propia de las comunidades.
Por su parte, Guillermo Ojeda Jayariyu, coordinador de la Junta Mayor de Palabreros, valoró los esfuerzos del MESEPP pero advirtió que la crisis del pueblo wayuu no solo es humanitaria, sino también sociocomunitaria y cultural. Hizo un llamado a reconocer la autoridad legítima de los territorios indígenas.
El Gobierno Nacional reiteró que, bajo el enfoque del Gobierno del Cambio, se mantiene el compromiso de construir soluciones estructurales para el pueblo wayuu, basadas en la articulación interinstitucional, el enfoque territorial y el trabajo directo con las comunidades.
