Los departamentos de Córdoba, Sucre, Nariño, La Guajira y Cundinamarca, así como Tolima, Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca, están entre los más afectados.
La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por eventuales vulneraciones de derechos durante las emergencias asociadas a las lluvias en Colombia durante el primer mes del 2026. En las zonas más críticas ha habido inundaciones, deslizamientos y avenidas torrenciales (flujo repentino y violento de agua, lodo y rocas que desciende por laderas y cauces), los cuales han provocado daños y pérdidas, así como afectaciones a comunidades confinadas, aisladas e incomunicadas.
Estas situaciones representan graves riesgos para la vida, la integridad personal y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. Lo que está ocurriendo es consecuencia de falencias históricas en la planeación territorial, la ocupación inadecuada de áreas de riesgo, la degradación de los ecosistemas, entre otros factores.
Los departamentos de Córdoba, Sucre, Nariño, La Guajira y Cundinamarca, así como Tolima, Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca, están entre los más afectados, con daños en viviendas, pérdidas en cultivos y ganadería, así como con afectaciones significativas a la infraestructura vial y de servicios. Esto ha impactado de manera directa las condiciones de vida y los medios de subsistencia de las comunidades.
La Defensoría les recuerda a alcaldes y gobernadores, como también a funcionarios de las entidades de gestión del riesgo de desastres en los niveles nacional, departamental y municipal, su obligación constitucional y legal de implementar medidas preventivas y de mitigación, fortalecer los planes de gestión del riesgo, activar oportunamente los comités de gestión del riesgo y garantizar la atención integral a las comunidades afectadas, priorizando, especialmente, a la población en situación de vulnerabilidad.
Con urgencia, la Defensoría solicita que sean activados los procedimientos y acciones de las Estrategias de Respuesta a Emergencias respectivas, con la finalidad de que sean prestadas la asistencia y ayuda humanitaria que necesita la población. También pide que, una vez estén superadas las capacidades propias y adelantada de manera rigurosa la caracterización de las personas perjudicadas, sean realizadas las solicitudes de apoyo a los siguientes niveles territoriales.
Asimismo, hace especial énfasis en que los alojamientos temporales de los evacuados (albergues) cumplan con las condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y salubridad, y deben considerar las necesidades diferenciadas de mujeres, hombres y personas LGBTIQ+ en sus diversidades y atendiendo a sus características específicas.
Igualmente, la entidad nacional de derechos humanos recomienda implementar rutas de protección integral para niñas, niños y adolescentes y adultos mayores durante la atención de las emergencias. Además, establecer estrategias para la participación efectiva de las comunidades y las autoridades propias en la toma de decisiones y garantizar los derechos colectivos sobre el territorio.
Sumado a lo anterior, se insta al Gobierno nacional a fortalecer el acompañamiento técnico, financiero y operativo de las entidades territoriales, con el fin de asegurar una respuesta articulada y eficaz frente a la magnitud de las emergencias. Para ello, es importante:
- Poner en marcha medidas inmediatas de prevención y reducción del riesgo.
- Garantizar albergue, acceso a agua potable, atención en salud y protección integral a las familias afectadas.
- Fortalecer los sistemas de alerta temprana y la comunicación del riesgo en las zonas más críticas.
- Avanzar en soluciones estructurales de ordenamiento territorial y en la restauración de ecosistemas que contribuyan a reducir la recurrencia de estas emergencias.
Para que sean salvaguardados los derechos humanos de las comunidades, la Defensoría del Pueblo continuará con sus labores de seguimiento y acompañamiento a las autoridades competentes, e insistiendo en la necesidad de que haya una respuesta oportuna, integral y sostenible.
